Narcos en Alberdi: una historia sórdida forjada a sangre y fuego

Viernes 06 de Junio de 2025, 07:39

ORNELLA DOTTORI. El brutal crimen de la adolescente reveló el avance del narcotráfico en Alberdi, y el comienzo de una secuela sangrienta que ahora salpica al poder político.



Juan Bautista Alberdi, ubicada a poco más de 100 kilómetros de la capital tucumana, dejó de ser aquella localidad tranquila del sur provincial para convertirse, en los últimos ocho años, en un foco recurrente de casos policiales vinculados directa o indirectamente al narcotráfico. Lo que comenzó con hechos aislados hoy conforma un entramado que involucra crímenes brutales, redes narco, punteros políticos e incluso funcionarios municipales.

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El punto de quiebre se dio en abril de 2017, con el caso de Ornella Dottori, una adolescente de 17 años, embarazada, con problemas de adicción, que fue hallada sin vida en un campo de soja en el paraje Naranjo Esquina. Había sido abusada sexualmente y asesinada de un ladrillazo por Gustavo “Perrito” Carretero, quien también era consumidor. Fue condenado a prisión perpetua en 2018, y el caso expuso la penetración del consumo y venta de drogas en los sectores más vulnerables de la ciudad.

Un año después, en mayo de 2018, los hermanos Juan y Amado Paradi fueron detenidos por orden de la Justicia Federal de Catamarca, acusados de liderar una organización que distribuía marihuana y cocaína desde Alberdi a otras provincias. La investigación se activó tras el hallazgo de 270 kilos de marihuana enterrados en Monteagudo, que habrían sido arrojados desde avionetas clandestinas. Toda la red fue finalmente condenada.

En octubre de 2021, una compleja investigación dirigida por el comisario Jorge Nacusse derivó en el desmantelamiento de una red de narcomenudeo con puntos de venta en Alberdi, Concepción, Aguilares y Termas de Río Hondo. El cabecilla, Roque “El Colorado” Carrazam, operaba con tal impunidad que uno de sus quioscos funcionaba frente al domicilio del intendente Luis “Pato” Campos.

Pero el mayor escándalo estalló en mayo de 2024, cuando los tucumanos Elvio Díaz —puntero político y dirigente del club de rugby La Querencia— y Carlos “Kokoz” Rodríguez, empleado municipal de Alberdi, fueron acusados por el doble crimen narco de los bolivianos Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, asesinados en Orán, Salta.

Carlos “Kozko” Rodríguez.


Las repercusiones fueron inmediatas: se confirmó que Rodríguez trabajaba para el secretario de Hacienda de Alberdi, José Roldán, tanto en la municipalidad como en su imprenta privada. Aunque Roldán negó cualquier vínculo con el narcotráfico, el legislador José Cano ya lo había denunciado penalmente en la Justicia Federal por presuntos lazos con redes de comercialización de drogas.

Durante la investigación del doble crimen, se descubrió que Díaz y Rodríguez habrían visitado en el penal de Concepción a “El Colorado” Carrazam, justo días antes del asesinato en Salta. Carrazam había sido condenado recientemente a 10 años y seis meses de prisión por narcotráfico y ya estaba bajo sospecha por otro doble homicidio en La Invernada, ocurrido en mayo de 2021, en el que fueron asesinados Víctor Hugo Brito (58) y su hijo Gonzalo (18). Ese caso, aún impune, mantiene líneas de investigación abiertas por vínculos con el narcomenudeo.

Poco después de que Díaz y Rodríguez fueran procesados en Salta, en Alberdi comenzó a circular una foto polémica: un funcionario y un empleado municipal posaban abrazados con William Roger Doldán, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Brito en La Cocha, ocurrido en 2011. En ese expediente, el hijo del intendente Campos estuvo entre los sospechosos, aunque no fue imputado.

La imagen reavivó los rumores de protección política al narcotráfico, que durante años fueron negados por las autoridades locales. Sin embargo, para muchos vecinos, los rostros y los nombres ya no dejan lugar a dudas.

Mientras la Justicia avanza lentamente y los hechos se acumulan en los archivos policiales, los habitantes de Alberdi siguen denunciando que los narcos actúan con respaldo político o, al menos, complicidad por omisión. La demanda es clara: que se rompa el pacto de silencio y se investigue a fondo una estructura que, desde las sombras, convirtió a una ciudad del sur tucumano en territorio narco.