El interventor del Instituto de la Vivienda se dio con un cuadro crítico: cuotas menores a $ 1.000 y barrios que nunca pagaron

Domingo 01 de Junio de 2025, 07:39

ATRASOS Y ABANDONO. Hugo Cabral se dio con un panorama complicado cuando asumió la intervención del Instituto Provincial de la Vivienda.



El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) de Tucumán avanza con un plan integral para recuperar fondos y retomar la construcción de barrios sociales, en medio del congelamiento de la obra pública nacional dispuesto por el Gobierno de Javier Milei. Así lo confirmó el interventor del organismo, Hugo Cabral, quien detalló que la morosidad entre los adjudicatarios supera el 40% y que se implementarán medidas urgentes para revertir esta situación.

“El nivel de morosidad es alto. Cerca del 40% de las cuentas activas están en incumplimiento”, expresó Cabral. En un contexto adverso marcado por el recorte presupuestario nacional, la provincia apuesta a fortalecer los ingresos propios como una vía para reactivar los proyectos habitacionales paralizados. Según explicó el funcionario, desde su llegada al IPV, hace cuatro meses, se están desarrollando tres estrategias centrales con este fin.

En primer lugar, el organismo está incorporando cuentas de barrios donde nunca se había cobrado cuota alguna.
“En algunos barrios son 10 cuentas, en otros 20, incluso hay casos de conjuntos habitacionales enteros que desde hace muchísimos años jamás pagaron una cuota”, explicó Cabral. El objetivo es aumentar el número de cuentas activas y, en consecuencia, el flujo de ingresos mensuales al IPV.

La segunda línea de acción incluye la implementación de planes de regularización para adjudicatarios en mora.
“La semana pasada firmé 300 resoluciones de rescisión. Los adjudicatarios ya están siendo notificados, pero van a tener la posibilidad de revertir esa medida poniéndose al día”, indicó el interventor. Con esta herramienta, se espera reducir significativamente el índice de morosidad.

Por último, Cabral adelantó que se está analizando una actualización del valor de las cuotas mensuales que actualmente pagan los adjudicatarios.
“El 60% de las cuotas son inferiores a $ 1.000. En algunos casos, estamos hablando de menos de la mitad de lo que cuesta un café en un bar”, graficó. Según sostuvo, esta situación impide proyectar nuevas obras de envergadura. “Estamos revisando todo el marco legal para adecuar esos montos y lograr que el sistema sea financieramente sostenible”, agregó.

Actualmente, el IPV registra un padrón de unas 20.000 cuentas activas. Sin embargo, alrededor de 10.000 de ellas abonan cuotas mensuales inferiores a los $ 1.000, lo que, según el interventor, representa un ingreso que no alcanza para sostener nuevos desarrollos habitacionales.

Cabral subrayó que sin una mejora en la recaudación propia, será muy difícil avanzar con nuevos proyectos. “Queremos seguir construyendo viviendas, y para eso necesitamos que los adjudicatarios cumplan con su parte”, sentenció.

En un escenario de fuerte contracción de la obra pública a nivel nacional, Tucumán apuesta a la autogestión para mantener vivo el sueño de la casa propia. Con esta política, el Gobierno provincial busca recuperar el círculo virtuoso entre adjudicación, pago y reinversión, que garantice un futuro con más viviendas dignas para los tucumanos.