Cómo se va a rearmar el área de transporte tras el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad

Martes 08 de Julio de 2025, 06:11

FIN DE UNA ERA. El decreto que declara la extinción de Vialidad Nacional abre al mismo tiempo una serie de interrogantes sobre el futuro de la infraestructura del transporte terrestre.



En un nuevo paso hacia la reorganización del Estado, el Gobierno nacional anunció la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo que centralizará funciones clave en materia de fiscalización, supervisión y control del transporte público y las concesiones viales y ferroviarias. La medida implica, entre otras consecuencias, la disolución de la histórica Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Según informó oficialmente la Secretaría de Transporte, la nueva agencia absorberá funciones que actualmente desempeñaban organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), y otros entes que ahora serán eliminados o reconvertidos. El objetivo, según el Ejecutivo, es unificar y eficientizar la regulación del transporte y las concesiones públicas, en línea con el plan de reorganización administrativa del Gobierno de Javier Milei.

La agencia será la autoridad de aplicación nacional en todo lo relacionado con las concesiones viales y ferroviarias, así como en el control de los servicios públicos de transporte urbano, suburbano, de carga y de pasajeros. Tendrá capacidad legal para aplicar sanciones, suspender o revocar permisos, cobrar tasas, iniciar acciones penales o civiles, y exigir el cumplimiento de contratos.

Además, será la responsable de garantizar la continuidad y la seguridad de los servicios, así como de atender reclamos y denuncias de usuarios. Una de sus tareas centrales será también la investigación técnica de accidentes ferroviarios, con la elaboración de informes e implementación de medidas preventivas.

La transformación anunciada por el Ejecutivo implica una redistribución profunda de competencias en el área:

  • CNRT: Quedará disuelta. Algunas de sus tareas (como inspecciones, control de medidas de seguridad y aplicación de sanciones) pasarán a la nueva agencia. En tanto, la planificación del transporte urbano, suburbano e interurbano quedará bajo la órbita de la Subsecretaría de Transporte Automotor.
  • ANSV: La Secretaría de Transporte absorberá sus funciones clave, como la administración del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, el control de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la coordinación interjurisdiccional. La Gendarmería Nacional se hará cargo de los controles en rutas nacionales.
  • Dirección Nacional de Vialidad (DNV): Su rol será redefinido. El Ministerio de Economía tomará el control de la obra pública vial, mientras que la nueva agencia se encargará de las concesiones federales. Se anunció la creación de un Consejo Vial Federal para coordinar políticas de infraestructura con las provincias.

Junta de Seguridad en el Transporte (JST): Será desdoblada. Se creará una nueva agencia específica para investigar accidentes aéreos, mientras que los siniestros ferroviarios estarán a cargo del nuevo organismo, y los viales, de la Secretaría de Transporte.
Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CNTySV): Sus competencias serán asumidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor.

A pesar de la centralización de funciones a nivel nacional, el Gobierno aclaró que las provincias mantendrán sus competencias legislativas en materia de tránsito. Sin embargo, la Secretaría de Transporte será la encargada de dictar normas generales y recomendaciones para lograr una mayor articulación y homogeneidad en los sistemas provinciales.

La reestructuración forma parte de una política más amplia del oficialismo para achicar el Estado, evitar superposiciones y recortar gastos, bajo la premisa de “eficiencia administrativa y control efectivo de los servicios públicos”. No obstante, la iniciativa genera interrogantes sobre la transición institucional de los organismos disueltos, la continuidad del personal técnico y la garantía de los derechos de los usuarios.

En ese marco, el Ejecutivo apostará a que la nueva agencia funcione como único ente de control nacional para transporte y concesiones, con capacidades legales, operativas y técnicas para intervenir rápidamente ante irregularidades, accidentes o conflictos contractuales. Su puesta en marcha está prevista para las próximas semanas, una vez formalizado su organigrama y dotación presupuestaria.