Estacionamiento callejero: la empresa, el municipio y los trapitos, enfrentados en un conflicto que suma otro capítulo
Domingo 10 de Agosto de 2025, 07:23
NUEVO CAPITULO. La empresa presentó un pedido de casación que, si prospera, dejará la solución definitiva del conflicto en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.La causa por el servicio de estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sumó un nuevo capítulo judicial. La empresa Tecno Agro Vial (UTE), que había sido adjudicataria del sistema, presentó un recurso de casación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para revertir la sentencia que declaró nula la licitación.
En respuesta, los demandantes —entre ellos organizaciones de usuarios, la Defensoría del Pueblo y representantes de cuidacoches— reclamaron que el planteo sea declarado inadmisible y defendieron los argumentos que motivaron el fallo de primera instancia.
En junio, las juezas Ana María José Nazur y Felicitas Masaguer hicieron lugar a un amparo colectivo, al considerar que la firma estaba concursada cuando presentó su oferta al municipio, lo que violaba el pliego de condiciones.
La UTE, representada por el abogado Esteban Galvaire Monroy, argumentó que el fallo incurrió en “infracciones de derecho” y en “vicios de arbitrariedad” que afectaron la lógica jurídica. Además, cuestionó la procedencia del amparo colectivo, alegando que los demandantes “no configuran una clase ni intereses homogéneos” y que la sentencia vulnera la autonomía municipal.
Las impugnaciones no tardaron en llegar. Fodecus, la Defensoría del Pueblo y los cuidacoches defendieron la legitimidad de la acción judicial. José Hermenegildo García, titular de Fodecus, sostuvo que la ley “no exige un número mínimo de personas” para la defensa jurisdiccional de intereses colectivos. Desde la Defensoría, Guillermo Anabia y Adelmo Rosello señalaron que el incumplimiento del pliego y la falta de transparencia en la licitación generaron “un perjuicio patrimonial evidente” a los usuarios.
Por su parte, la abogada Ingrid Lausberg, representante de los cuidacoches, afirmó que sus defendidos forman parte de “un colectivo en situación de vulnerabilidad estructural” y que el Estado debía aplicar “estándares reforzados de protección”, advirtiendo que en este caso hubo una “vulneración de derechos humanos”.
La Municipalidad capitalina, a través del fiscal Conrado Mosqueira, rechazó estos planteos, asegurando que “no existe norma que reconozca a los cuidacoches derechos adquiridos sobre el uso de la vía pública” y ratificó la potestad constitucional para regular el espacio urbano. También deslindó responsabilidades sobre cualquier irregularidad, señalando que, si existió alguna, “provino de la conducta reticente de la adjudicataria”.
Si la Cámara acepta el recurso de casación, el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que tendrá la última palabra en un litigio que ya excede lo contractual y toca de lleno el debate sobre el rol del Estado y la informalidad laboral en el espacio público.
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