Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”
Martes 12 de Agosto de 2025, 18:35
Cristina Kirchner.La presentación de Cristina Kirchner, realizada en primera persona y firmada también por el abogado Alberto Beraldi, se efectuó al filo de que venza el plazo ?a las 9.30 de este miércoles? para que deposite, junto con el resto de los condenados, los 530 millones de dólares establecidos por el tribunal oral por el decomiso de bienes para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.
Los jueces del TOF N° 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Es decir que, en la práctica, la expresidenta no depositará ni un centavo, aunque esa obligación sigue vigente para el resto de los condenados: el exsecretario de Obras Públicas José López (condenado a seis años de prisión); los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (seis años), Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses); y los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (cinco años) y Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).
Tras explicar que el decomiso pretende recuperar los bienes producto del delito, dijo: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. Afirmó que así lo acreditan los fallos donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito.
Cristina Kirchner insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.
Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña
La expresidenta dijo que los jueces que la condenaron son incompetentes para decidir y sostuvo que deben resolver los jueces del fuero civil y comercial federal, donde tramita una demanda paralela por daños y perjuicios que planteó la Dirección Nacional de Vialidad. Allí le reclaman 1100 millones de dólares de indemnización.
La expresidenta cuestionó la metodología de cálculo de actualización que hicieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu del monto del decomiso establecido en $684.990.350.139. Planteó que hubo graves violaciones constitucionales.
La defensa de Kirchner argumentó que hubo “errores fácticos y jurídicos” al calcular la suma a decomisar porque se “convirtió una estimación provisoria en definitiva sin sustanciación ni debate previo". Dijo que se usó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “sin explicar por qué se descartaron alternativas técnicas sólidas, como la aplicación de tasas bancarias”.
Por eso, Cristina Kirchner se quejó de recibir un “trato desigual y arbitrario”, ya que el mismo tribunal, días antes de la intimación o en casos similares, utilizó “la tasa activa del Banco de la Nación Argentina” para actualizar reparaciones económicas o embargos.
Dijo que al usar el IPC se incrementó “en cien veces el monto”, lo que evidenciaría un “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución Nacional.
Utilizar el IPC para el decomiso “supone trasladar criterios propios de la acción civil de reparación al decomiso penal, lo cual resulta inválido” y genera una “superposición indebida de efectos jurídicos”, argumentó.
La presentación subraya que existió una “clara confusión” entre el decomiso y la reparación de perjuicios”.
Además, planteó que si ya la están ejecutando en la demanda civil y comercial federal, no pueden al mismo tiempo y por los mismos hechos decomisarle sus bienes en este tribunal federal penal.
El escrito también señala que el decomiso es una pena accesoria que no implica responsabilidad solidaria, a diferencia de la reparación de perjuicios. Extender el decomiso a otros bienes violaría los principios de culpabilidad y trascendencia de la pena, sostuvo.
Además, señaló que la casi totalidad de los bienes recibidos por Máximo y Florencia Kirchner fueron adquiridos por sus padres en fechas muy anteriores a los hechos por los que fue condenada. /La Nación
La expresidenta cuestionó la metodología de cálculo de actualización que hicieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu del monto del decomiso establecido en $684.990.350.139. Planteó que hubo graves violaciones constitucionales.
La defensa de Kirchner argumentó que hubo “errores fácticos y jurídicos” al calcular la suma a decomisar porque se “convirtió una estimación provisoria en definitiva sin sustanciación ni debate previo". Dijo que se usó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “sin explicar por qué se descartaron alternativas técnicas sólidas, como la aplicación de tasas bancarias”.
Fiscales Luciani y Mola
Por eso, Cristina Kirchner se quejó de recibir un “trato desigual y arbitrario”, ya que el mismo tribunal, días antes de la intimación o en casos similares, utilizó “la tasa activa del Banco de la Nación Argentina” para actualizar reparaciones económicas o embargos.
Dijo que al usar el IPC se incrementó “en cien veces el monto”, lo que evidenciaría un “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución Nacional.
Utilizar el IPC para el decomiso “supone trasladar criterios propios de la acción civil de reparación al decomiso penal, lo cual resulta inválido” y genera una “superposición indebida de efectos jurídicos”, argumentó.
La presentación subraya que existió una “clara confusión” entre el decomiso y la reparación de perjuicios”.
Además, planteó que si ya la están ejecutando en la demanda civil y comercial federal, no pueden al mismo tiempo y por los mismos hechos decomisarle sus bienes en este tribunal federal penal.
El escrito también señala que el decomiso es una pena accesoria que no implica responsabilidad solidaria, a diferencia de la reparación de perjuicios. Extender el decomiso a otros bienes violaría los principios de culpabilidad y trascendencia de la pena, sostuvo.
Además, señaló que la casi totalidad de los bienes recibidos por Máximo y Florencia Kirchner fueron adquiridos por sus padres en fechas muy anteriores a los hechos por los que fue condenada. /La Nación
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