La Quebradita es el último bastión para frenar el caos, la ilegalidad y las ocupaciones en Tafí del Valle
Viernes 15 de Agosto de 2025, 08:47
LA QUEBRADITA. Vista aérea de un sector del espacio verde que está ocupado por una vivienda muy cerca de la comisaría. Más atrás, un terreno del que, según los vecinos, se extraen áridos. La Gaceta / Foto de Matías VieitoEstos días ocurrieron una serie de hechos significativos en Tafí del Valle que están vinculados a la tierra, a las propiedades. Se trata de situaciones de algún modo novedosas, si tenemos en cuenta que el concepto de anarquía es uno de los adjetivos que mejor se ajusta a la descripción de lo que viene sucediendo allí en los últimos 30 o 40 años. El desorden, la incoherencia y la ausencia de un poder público transparente y responsable ha llevado a este valle a un punto muy cercano al abismo.
A pesar de esto, hay quienes ven esta concatenación de acontecimientos con cierto optimismo. No como una posibilidad de reparar los estragos que se vienen sucediendo desde hace décadas -porque el daño causado a un ecosistema tan frágil es irremediable- sino como la oportunidad de ponerles un límite a las avivadas. Y, dadas las circunstancias, eso no es poca cosa.
El primero de estos hechos aporta un dato relevante: Jorge Cruz, el comisionado rural de El Mollar que había sido suspendido en febrero, fue imputado por la Justicia junto a otras seis personas por -presuntamente- haber montado una especie de inmobiliaria que se dedicaba a vender tierras fiscales. No es un dato menor el hecho de que quien hasta hace algunos meses era el máximo representante del Estado en ese lugar hoy esté señalado por la Justicia como el posible autor de una serie de delitos.
Por delante queda un proceso judicial que debe determinar las responsabilidades de Cruz y del resto de los sospechosos (Juan Pablo Castro, Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro, Fernando Rogel Chaler, Yanina Mamaní y Damián Romano). Pero si los cargos terminan siendo probados en Tribunales, de algún modo se confirmará la tesis del primer párrafo de este texto: la ausencia de un poder público transparente fue una -si no la primera- de las causas de la tragedia urbanística y ambiental de El Mollar. Pero para eso todavía hay que esperar. Mientras tanto, hay versiones confiables que indican que pronto las topadoras volverán a derrumbar paredes en las inmediaciones de La Angostura.
Un segundo hecho significativo está relacionado con algo que ocurre del otro lado del valle, en el loteo La Quebradita, que es noticia desde hace tiempo por una serie de situaciones sospechosas que el Estado está tratando de verificar. Allí sobresalen dos casos, entre otros veinte: el de un gran espacio verde que se encuentra frente a la comisaría, que está ocupado por una familia desde hace años, y el de un complejo de cabañas que se levanta unos tres kilómetros más arriba. Ambos se encuentran en tierras fiscales.
La última novedad está vinculada con “Los Carolinos”, tal es su nombre. Resulta que esta semana hubo una reunión entre la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, y la representante legal del negocio turístico, Carolina Vanni. Aparentemente, funcionarios del Ente de Turismo, que preside Domingo Amaya, buscaron tender algún puente entre las partes que facilitara una conversación. Pero se toparon con un muro: Pedicone les dijo que la decisión del Estado es recuperar indefectiblemente las tierras en las que se levantan las cabañas. A fin de mes hay una audiencia judicial por este caso y en el Gobierno se muestran optimistas.
Hay quienes creen que el Valle de Tafí íntegro está muy cerca de convertirse en una causa perdida: el deterioro que ha generado la urbanización voraz y descontrolada parece no tener vuelta atrás. Lo advertía hace más de una década el fallecido fraile dominico Manuel Martínez, durante las misas que solía celebrar en sus veraneos estivales. Y lo refrendan en la actualidad personas profundamente comprometidas con la vida tafinista en diversos ámbitos, como el arquitecto Osvaldo Merlini. En este contexto, La Quebradita se vuelve emblemática, porque -como ya contamos varias veces en este espacio- es quizás el único loteo que nació a partir de un plan de desarrollo junto con el proyecto del camino para vehículos que hoy conocemos como la ruta 307. Ocurrió durante los gobiernos de Miguel Campero y de Miguel Critto, dos viejos dirigentes profundamente comprometidos con el desarrollo de Tucumán, que han dejado la vara demasiado alta para sus sucesores.
El parcelamiento de este sector se hizo a partir de la expropiación de una fracción de la estancia Las Tacanas y de la donación que hizo la familia Chenaut de una porción de la estancia Los Cuartos. Ambas fracciones de tierra sumaron 323 hectáreas que fueron loteadas por el Gobierno provincial y que se comercializaron a precios módicos. Además de generar terrenos para la construcción, el plan contempló la delimitación de espacios verdes. Y acá aparece un punto clave: muchos han sido usurpados y los que quedan aún libres desvelan a sus vecinos, porque temen que en cualquier momento alguien los ocupe.
El que está muy activo con estos temas es el legislador Manuel Courel, que es quien le acercó a la Fiscalía de Estado el informe de la Dirección de Catastro que visibilizó una serie de irregularidades en ese loteo que hoy se están tratando de verificar y corregir. Inclusive, ha empezado a recibir las inquietudes de algunos veraneantes respecto de situaciones que aún no han tomado estado público. Algunas se refieren específicamente a un terreno en el que se hace extracción de áridos y que, además de las molestias por los ruidos y la tierra, viene generando dudas entre los vecinos, que se preguntan: ¿puede operar un emprendimiento de este tipo en una zona residencial? ¿Están al tanto en la Municipalidad? ¿No es peligroso que los camiones grandes que entran y salen del predio circulen por una calle relativamente angosta que está rodeada por casas y en la que es habitual el tránsito de caminantes y de ciclistas? En 2018, la Dirección de Patrimonio de la Provincia ya había realizado un relevamiento en ese terreno y había determinado que el sector (no sólo este lote, sino el entorno) posee una relevancia científica alta que está en peligro por la alteración que sufre la zona.
En este contexto, La Quebradita se vuelve emblemática, porque es tal vez la última oportunidad para que el orden prevalezca sobre el caos. Es por eso que los vecinos (muchos de los cuales están nucleados en un activo grupo de Whatsapp) siguen con atención -e ilusión- la arremetida del Gobierno contra los usurpadores, entre los que también se cuentan los vivos de siempre, que tienen afición por correr los alambres y agrandar sus lotes a costa de espacios públicos o de terrenos privados cuyos dueños salen perdiendo. /La Gaceta
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