Jorge Lobo Aragón le apunta a "la avenida Perón alquilada a precios irrisorios en Las Cañas" y otros tesoros ocultos de José Frías Silva

Como abogado de Isabel Frías Silva, hablo públicamente, con mi firma y bajo mi absoluta responsabilidad, porque ya no se puede callar ante atropellos tan graves como persistentes. 

Desde entonces, los imputados -José Frías Silva, quien desde antes y con más fuerza tras la muerte de su padre, Pepe, tomó el control absoluto; Josecito Frías Silva, el príncipe heredero ungido a dedo; y sus hermanos Pablo y Martín, que prefieren mirar hacia otro lado mientras encubren con silencio la codicia familiar- han desplegado un repertorio inagotable de maniobras dilatorias para evitar que la causa llegue a debate oral. 

A pesar de la contundencia de las pruebas y de la gravedad de los hechos, siguen intentando suspensiones, como si el paso del tiempo pudiera borrar la verdad o desgastar a las víctimas. 

Lo esencial no debe olvidarse: las únicas mujeres accionistas de Azucarera Justiniano Frías S.A. y Cultivos y Cosechas S.A., Isabel y María Frías Silva, fueron apartadas sistemáticamente de toda información, de las utilidades, de las decisiones societarias y hasta del conocimiento de un inventario real del patrimonio. 

Con la complicidad del silencio, se ocultaron bienes, se manipularon libros y se tramaron fideicomisos opacos. 

Ni siquiera la Justicia, con su auxiliar designado, ha podido acceder al verdadero mapa patrimonial. 

Todo se ha hecho como si fueran propiedades exclusivas de unos pocos varones de la familia, mientras las mujeres son condenadas al destierro patrimonial. 

No se trata solo de irregularidades contables: estamos ante un caso paradigmático de violencia económica y patrimonial contra la mujer. 

Así lo entiende la legislación vigente, así lo establecen los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y así debe interpretarlo cualquier juez que aspire a impartir justicia con perspectiva de género. Por eso sostengo, con la serenidad de los hechos y la indignación de once años de injusticia, que este proceso debe ventilarse en juicio oral y público. 

Allí, sin cortinas de humo ni evasivas procesales, quedará expuesta la verdad que hoy se intenta ocultar: que la impunidad no puede seguir amparándose en apellidos ilustres. 

En nombre de Isabel Frías Silva y de todas las mujeres que, dentro y fuera de este proceso, han sido invisibilizadas por la cultura patriarcal que aún pretende dominar las empresas y las familias, he pedido que la Justicia esté a la altura. 

Que los estrados no sean el eco del poder económico, sino el lugar donde se restituya la verdad y se reconozca el derecho de las víctimas. 

Porque cuando la violencia económica se disfraza de apellido ilustre, no es solo un pleito familiar: es una afrenta a la Justicia misma. Y la respuesta solo puede darse de cara a la sociedad, en un juicio oral donde la verdad, finalmente, se haga escuchar.

San Miguel de Tucumán