Quema de vegetación: la justicia apunta a dueños y arrendatarios de los campos que se incendiaron

Miércoles 20 de Agosto de 2025, 05:05

SIN CUAETEL. Pese a los controles y detenciones, los incendios de vegetación en los campos tucumanos no cesan, por lo que la justicia decidió endurecer su postura.



La provincia de Tucumán atraviesa otra temporada crítica de incendios de cañaverales y pastizales, especialmente en el este del territorio, donde la quema indiscriminada ya provocó graves consecuencias ambientales, sanitarias y viales. 

Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) decidió intensificar su política criminal: no solo perseguirá penalmente a quienes inicien los focos ígneos, sino también a arrendatarios y propietarios de los predios donde se registren siniestros.

El jefe de la Unidad Regional Este, comisario Carlos Daniel Ruiz, definió la jornada del lunes como “desbordada”: en pocas horas se intervinieron en cinco focos, una cifra equivalente al promedio diario de causas abiertas en el Centro Judicial Capital. Los departamentos Cruz Alta y Leales concentran la mayor cantidad de episodios, lo que les valió el mote de “capital provincial” de las quemas.

Los daños trascienden lo ambiental. Además de afectar la salud de pobladores —en particular niños y personas asmáticas—, las humaredas reducen la visibilidad en las rutas, multiplicando el riesgo de accidentes fatales. “Es una vergüenza que todos los años suframos lo mismo. Alguien tiene que hacerse cargo”, reclamó Milagros Gómez, vecina de Banda del Río Salí.

Con la intervención de los fiscales Mariana Rivadeneira (Gran San Miguel), Mónica García de Targa (Monteros) y Diego Hevia (Concepción), ya fueron procesadas cuatro personas acusadas de incendio por estrago. 

En Simoca, por ejemplo, cuatro hombres quedaron en el banquillo por haber prendido fuego una plantación. Los acusadores solicitaron prisión preventiva de entre 15 y 60 días: solo en un caso fue otorgada, en otros se ordenó arresto domiciliario y un imputado quedó en libertad, aunque sigue ligado a la causa.

La fiscal Rivadeneira sostuvo, a través de su auxiliar, que el peligro fue “concreto”: el foco se originó a 100 metros de un tendido eléctrico, viviendas y un gasoducto. “Pueden provocar catástrofes. Este Ministerio Público intervino en casos donde familias perdieron sus hogares por estas prácticas”, advirtió.

El ministro fiscal Edmundo Jiménez dispuso la creación de un equipo especial contra incendios, integrado por peritos y el ECIF, que además de intervenir en los focos realiza vigilancia preventiva con drones. 

También habilitó una línea telefónica (3813195131) para denuncias directas. “La idea es replicar la política aplicada contra las falsas amenazas de bomba: se acabaron cuando la sociedad entendió que había persecución penal real”, señalaron fuentes judiciales.

Las penas previstas en el Código Penal para este tipo de delitos van de tres a diez años de prisión en los casos más graves, mientras que las conductas imprudentes o negligentes pueden castigarse con hasta un año de cárcel.

Aunque los productores aseguran tomar medidas preventivas y realizar campañas de concientización, los investigadores detectaron que en algunos campos los incendios se repiten año tras año. Para los ciudadanos comunes, la quema ya parece un ritual. 

“Es tan tradicional como la venta de achilata en verano. A esto no lo para nadie, pese a todo el daño que provoca”, expresó Fernando Pérez Espeche, vecino de la zona.

Con la política más dura anunciada, la Justicia busca revertir esa percepción: que la quema de cañaverales deje de ser vista como una costumbre tolerada y pase a ser sancionada como un delito ambiental de alto riesgo para toda la sociedad.