Sábado 23 de Agosto de 2025, 06:28
El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió este jueves unificar las penas impuestas al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, el tucumano José López, condenado en las causas por Vialidad y enriquecimiento ilícito. La decisión fija una condena única de 13 años de prisión, que el ex-funcionario deberá cumplir en el marco del sistema penal federal.El fallo, firmado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, respondió a un pedido de la defensa oficial de López, encabezada por Santiago Finn, quien había solicitado que se aplicara una “mirada integral” sobre la responsabilidad penal del ex funcionario y que la pena no superara los seis años. El tribunal rechazó el planteo y fijó la condena única en 13 años.
Los magistrados remarcaron que la unificación “asegura coherencia en el sistema de ejecución penal” y evita “un trato punitivo irrazonable”. Además, enfatizaron que los delitos probados constituyen graves actos de corrupción cometidos desde la primera línea del Estado Nacional, con un impacto directo en la confianza pública.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían opuesto a la unificación en los términos planteados por la defensa y reclamaron una pena aún mayor: 13 años y 6 meses, en función de la “extensión del daño” y del “rol decisivo” que cumplió López como funcionario.
El tribunal también rechazó el pedido de prisión domiciliaria, que había sido solicitado por problemas de salud y bajo el argumento de su condición de testigo arrepentido en la causa Cuadernos. El juez Gorini sostuvo que no se presentaron pruebas suficientes que acreditaran riesgos para su vida dentro del sistema penitenciario.
La sentencia ratifica, además, las multas económicas por enriquecimiento ilícito, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, la inhabilitación especial perpetua y la prohibición de portar armas durante tres años y dos meses.
Con este fallo, el exfuncionario kirchnerista queda firme en su calidad de condenado por corrupción, en un proceso que el propio tribunal definió como un ejemplo del “desprecio demostrado hacia los bienes jurídicos protegidos” y que reabre el debate sobre la responsabilidad penal de quienes ejercen los más altos cargos del Estado.
