La querella en el escándalo que envuelve a la justicia federal pide que se investigue al juez Leal
Viernes 05 de Septiembre de 2025, 05:49
ESCANDALO. El abogado del funcionario de ARCA que denunció el presunto tráfico de influencias avanzó con un pedido para que se crucen datos de los teléfonos del principal acusado y del camarista aludido en la denuncia.El expediente por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Tucumán sumó un nuevo capítulo con la presentación del abogado Juan Andrés Robles, querellante en representación de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, funcionario de ARCA y denunciante en la causa.
El planteo apunta a que el fiscal federal Agustín Chit profundice medidas de prueba, con especial énfasis en la pericia del celular secuestrado al abogado Luis Ontiveros y en el análisis del vehículo oficial utilizado en las reuniones bajo investigación.
La investigación comenzó el 29 de abril de 2025, cuando Martínez Salazar denunció que Ontiveros le habría solicitado U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista en una causa que involucra a su hijo, imputado en una investigación por presunta estafa piramidal en Catamarca.
En su nueva presentación, Robles solicitó que se aceleren las pericias sobre el celular de Ontiveros mediante búsquedas dirigidas por palabras clave (“dinero”, “sentencia”, “Catamarca”), así como la reconstrucción de los recorridos del vehículo oficial de Leal. También reclamó citar testigos del ámbito judicial y académico para clarificar los roles de cada protagonista y evitar que lazos personales interfieran en la comprensión de los hechos.
Por su parte, la defensa insiste en que todo se trata de un montaje. Solana Casella, relatora de Leal y pareja de Ontiveros, negó haber intervenido en la causa vinculada al hijo del denunciante y señaló que se busca perjudicar su postulación al Juzgado Federal N.º 1. Ontiveros, en tanto, rechazó la acusación y presentó una contra denuncia por falso testimonio.
Además, su defensa cuestionó el secuestro del celular y pidió la recusación del juez José Manuel Díaz Vélez, lo que mantiene frenada la pericia de mensajes y datos clave para el fiscal Chit.
Aunque no hay una acusación formal contra Leal, el expediente colocó a la Cámara Federal en el centro de la polémica. La posible utilización de bienes oficiales, los vínculos personales entre magistrados y allegados, y las sospechas sobre un voto demorado dispararon el nivel de escrutinio público y político.
Más leídas hoy
Más leídas en la semana
