La Coalición Cívica pidió el juicio político contra Alejandro Maraniello, el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Viernes 05 de Septiembre de 2025, 12:41

En medio del escándalo que sacude al Gobierno por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Elisa Carrió y legisladores de la Coalición Cívica le pidieron a la justicia que abra un proceso de juicio político contra el juez Alejandro Maraniello, quien a pedido del Ejecutivo prohibió la difusión de los audios de Karina Milei.
La denuncia que presentaron Carrió, la diputada Marcela Campagnoli y el legislador Hernán Reyes es por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones. Solicitan que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente.
Al argumentar las razones de ese pedido, advirtieron que la prohibición de publicar los audios de Karina Milei "implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública".
También señalan en la denuncia que podría haber "connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra".
Además, la presentación judicial le endilga a Maraniello la participación en una "supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación", da cuenta de denuncias de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género, y también advierte por irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina.
Maraniello, que fue designado juez federal por un decreto firmado por Mauricio Macri y el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, quedó en el centro de la escena y de las críticas al hacer lugar al pedido que hizo el Gobierno poco después de que se publicaran audios de la secretaria general de la Presidencia grabados en la Casa Rosada.

De hecho, fue el propio Gobierno el que, poco después de conocerse que había presentado una denuncia contra los periodistas que difundieron los audios, dio cuenta de que Maraniello había ordenado "el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada", señalando que "se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".
Sin embargo, y además de todo el arco opositor, constitucionalistas y hasta un exjuez de la Corte Suprema cuestionaron ese fallo y consideraron que lesiona la libertad de expresión.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, evitó profundizar sobre el fallo pero puso el foco en la importancia de la libertad de expresión y advirtió que "es central para la democracia". Maqueda, que se fue del máximo tribunal en diciembre pasado, calificó esa resolución de "lamentable".
"El fallo comienza citando la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión, y en un momento da un giro copernicano y pasa a justificar una medida cautelar en base al derecho a la intimidad. Todo lo contrario a lo que venía desarrollando antes", cuestionó. /Clarín

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