El foco del escándalo en la justicia federal se centra en un juez con fuertes vínculos universitarios

Domingo 31 de Agosto de 2025, 07:15

ESCANDALOSA DENUNCIA. La relatora Solana Esther Casella, Luis Alejandro Ontiveros y el camarista Mario Leal, juntos en una foto que incluye también al catedrático Fernando Carbajo Cascón.



La Justicia Federal de Tucumán atraviesa horas de fuerte tensión a raíz de una investigación por supuesto tráfico de influencias y venta de sentencias, en la que el nombre del juez Mario Leal, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, aparece de manera constante. 

Si bien el magistrado no está denunciado de forma directa, su figura queda señalada por los estrechos vínculos con Luis Alejandro Ontiveros —presentado como su “sobrino”— y con su relatora Solana Esther Casella, ambos en el centro de la pesquisa.

El denunciante, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, acusó a Ontiveros de ofrecerle fallos favorables a cambio de dinero. Para sostener su credibilidad, el señalado habría invocado su cercanía con Leal y el rol de Casella, a quien mencionaba como la redactora de las resoluciones.

Aunque el fiscal Agustín Chit aclaró que el parentesco era en realidad un “vínculo personal no filial”, la investigación reveló una red de relaciones que refuerzan la sospecha de acceso privilegiado: Ontiveros habría utilizado incluso la billetera virtual del juez Leal para realizar pagos, un dato que sugiere un nivel de confianza y dependencia económica llamativos en este contexto.

Uno de los hechos más comprometedores es el uso de un Fiat Toro bordó registrado a nombre de la Corte Suprema y asignado a la vocalía de Leal, con el que Ontiveros se habría presentado a un encuentro con el denunciante. 

La Fiscalía confirmó la utilización del vehículo oficial y no descarta que el camarista estuviera en la camioneta, lo que refuerza la hipótesis de que Ontiveros se movía con un respaldo institucional implícito.

La relación entre los involucrados se extiende al ámbito universitario. En la Facultad de Derecho de la UNT, Leal es profesor titular de la cátedra de Derecho Privado I, mientras que Ontiveros actúa como jefe de trabajos prácticos y Casella como docente auxiliar. 

Además, Casella no solo es relatora del juez, sino también directora interina de Despacho de la Cámara. Esta superposición de roles académicos y judiciales configura un entramado de interdependencia que ahora está bajo la lupa.

El juez federal subrogante José Manuel Díaz Vélez desestimó los planteos de nulidad presentados por la defensa, manteniendo el foco de la investigación en los lazos entre Leal y su entorno. La expectativa está puesta en los resultados de la pericia al teléfono de Ontiveros, que podrían aportar pruebas definitivas sobre las supuestas negociaciones ilícitas y eventuales complicidades dentro de la Cámara Federal.

Hasta el momento, Leal evitó dar declaraciones pese a los intentos de este medio por contactarlo. En tanto, la investigación avanza con la certeza de que las conexiones entre el camarista, su relatora y Ontiveros serán decisivas para determinar si existió un mecanismo de influencia indebida en el corazón de la Justicia Federal tucumana.

Cronología del caso:

2023

Según la denuncia, se produce el primer encuentro entre Mario Alberto Martínez Salazar Pérez y Luis Alejandro Ontiveros en un bar de San Miguel de Tucumán. Ontiveros le habría ofrecido el sobreseimiento de su hijo a cambio de U$S 100.000, mencionando a su pareja, la relatora Solana Casella, como clave en la redacción de la sentencia. Martínez rechaza la propuesta y corta el contacto.

15 de abril de 2025

Ontiveros retoma el vínculo por WhatsApp, agendado como “Luis Ontiveros, sobrino Marito Leal”. En un bar de Yerba Buena, habría ofrecido revertir un pedido de prisión preventiva contra el hijo del denunciante por U$S 80.000, nuevamente invocando el rol de Casella.

21 de abril de 2025

Se concreta un nuevo encuentro en Yerba Buena. Martínez llega con un micrófono oculto y graba la conversación, donde Ontiveros propone pagar en dos partes: una inicial y otra minutos antes de la publicación de la resolución.
El denunciante aporta grabaciones, chats y fotografías como prueba.

29 de abril de 2025

Martínez Salazar Pérez se presenta en la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Agustín Chit, y formaliza la denuncia por tráfico de influencias. Se inicia la investigación judicial.

Mayo de 2025

El fiscal Chit confirma que Ontiveros utilizaba un vehículo oficial Fiat Toro bordó, registrado a nombre de la Corte Suprema y asignado a la vocalía del juez Mario Leal. También se verifica que Ontiveros usaba la billetera virtual del camarista Leal para consumos personales.

4 de junio de 2025

El juez federal subrogante José Manuel Díaz Vélez autoriza la intervención de comunicaciones y el secuestro del celular de Ontiveros. Durante el operativo, Ontiveros intenta frustrar la medida entregando su teléfono apagado a su hermano.

11 de agosto de 2025

Díaz Vélez reconoce como querellante a Martínez Salazar Pérez y rechaza nulidades planteadas por la defensa de Ontiveros.

20 de agosto de 2025

Peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizan la extracción de datos del celular de Ontiveros. Se inicia el análisis de información con “nubes de palabras clave” para identificar mensajes relevantes.

Actualidad (septiembre 2025)

Se espera el resultado de la pericia del teléfono que podría definir el alcance de las conexiones entre Ontiveros, Casella y el juez Leal. La investigación sigue bajo la órbita de Díaz Vélez, con la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en el centro de la polémica.