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La baja de retenciones tendrá un costo fiscal de U$S 1.100 millones y presiona la meta fiscal con FMI
Lunes 22 de Septiembre de 2025, 13:22
La eliminación temporal completa de derechos de exportación al agro que anticipó este lunes el Gobierno tendría un costo fiscal de al menos US$ 1.100 millones, un 0,15% del PBI para las seis semanas de vigencia anunciadas.
La medida incluirá a todos los granos y tendrá un tope de liquidación de US$ 7.000 millones. Con esa información economistas y consultores estimaron que el costo fiscal, es decir, los derechos de exportación que dejará de recaudar el Gobierno nacional podrían ser de hasta US$ 1.600 millones como máximo, en el caso de que todas las ventas alcanzadas por la eliminación temporal sean de soja, que hoy paga 26% de alícuota.
Según estimaciones de Romano Group, más allá de ese techo, un número promedio esperable de recaudación cedida por el fisco, entre soja y otros granos liquidados hasta fines de octubre, sería de US$ 1.100 millones. El consultor Javier Preciado Patiño, por su lado, calculó que, en otro caso extremo, sin ninguna venta de soja, el costo fiscal sería menor, de unos US$ 600 millones. De todas formas, en el mercado agropecuario estiman que habrá declaraciones juradas de ventas de distintos productos agropecuarios.
Desde el Ministerio de Economía evitaron estimar un número concreto de costo fiscal, afirmaron ante la consulta de Clarín, por la amplitud de la medida y la heterogeneidad de las alícuotas vigentes. Otras voces mencionaban, también, que podría tratarse de un deterioro para el fisco en el futuro y no para estos meses, porque la eliminación temporal podría implicar, por definición, que los productores tomen decisiones de ventas al exterior de granos que a priori no estaban previstas para este momento del año.
Para el caso de la soja, los granos pagan 26% de retenciones y sus derivados (como aceite o harina), un 24,5%. Otros productos como maíz, trigo y sorgo lo hacen por 9,5% y el girasol, un 5,5%. Desde el primer día de noviembre, según la medida anunciada este lunes, volverían a tener vigencia esas alícuotas.
Los US$ 1.100 millones de costo fiscal estimado representan un 0,15% del PBI, una proporción que también fue compartida por la consultora Equilibra. Es un número considerable al tratarse de una medida que tendrá vigencia durante seis semanas. Para poner en perspectiva: el superávit primario acumulado hasta agosto fue de 1,3% del Producto, y el Gobierno necesitaría otros 0,3 puntos más para cumplir la meta de excedente fiscal comprometida con el FMI. El director de Equilibra Martín Rapetti planteó, tras conocerse la medida, que una consecuencia será una "menor recaudación en 2025, ergo mayor déficit fiscal primario o mayor ajuste del gasto en lo que resta del año".
La eliminación completa de retenciones hasta fin de octubre será, así, la segunda ventana de baja de alícuotas que active el Gobierno en lo que va del año para el sector. Los idas y vueltas para los derechos de exportación desde principio de año incluyeron un anuncio en enero con una rebaja hasta mitad de año para estimular las ventas durante los meses de cosecha gruesa.
La liquidación fue en esa primera mitad de año de unos US$ 18.100 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario, por encima de los promedios de los primeros semestres de los últimos 15 años. En las semanas anteriores al fin de esa baja temporal el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo habían salido a descartar una extensión de la medida, con el argumento de que el margen fiscal era muy ajustado para darle continuidad.
Pero tres semanas después, en su discurso en la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural, Milei anunció que las alícuotas que habían sido temporales hasta fines de junio finalmente quedarían vigentes de manera permanente y el Gobierno reiteró que exploraría maneras de bajarlas todavía más, pero sin poner en peligro el superávit primario. /Clarín
La medida incluirá a todos los granos y tendrá un tope de liquidación de US$ 7.000 millones. Con esa información economistas y consultores estimaron que el costo fiscal, es decir, los derechos de exportación que dejará de recaudar el Gobierno nacional podrían ser de hasta US$ 1.600 millones como máximo, en el caso de que todas las ventas alcanzadas por la eliminación temporal sean de soja, que hoy paga 26% de alícuota.
Desde el Ministerio de Economía evitaron estimar un número concreto de costo fiscal, afirmaron ante la consulta de Clarín, por la amplitud de la medida y la heterogeneidad de las alícuotas vigentes. Otras voces mencionaban, también, que podría tratarse de un deterioro para el fisco en el futuro y no para estos meses, porque la eliminación temporal podría implicar, por definición, que los productores tomen decisiones de ventas al exterior de granos que a priori no estaban previstas para este momento del año.
Los US$ 1.100 millones de costo fiscal estimado representan un 0,15% del PBI, una proporción que también fue compartida por la consultora Equilibra. Es un número considerable al tratarse de una medida que tendrá vigencia durante seis semanas. Para poner en perspectiva: el superávit primario acumulado hasta agosto fue de 1,3% del Producto, y el Gobierno necesitaría otros 0,3 puntos más para cumplir la meta de excedente fiscal comprometida con el FMI. El director de Equilibra Martín Rapetti planteó, tras conocerse la medida, que una consecuencia será una "menor recaudación en 2025, ergo mayor déficit fiscal primario o mayor ajuste del gasto en lo que resta del año".
La liquidación fue en esa primera mitad de año de unos US$ 18.100 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario, por encima de los promedios de los primeros semestres de los últimos 15 años. En las semanas anteriores al fin de esa baja temporal el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo habían salido a descartar una extensión de la medida, con el argumento de que el margen fiscal era muy ajustado para darle continuidad.