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Diputados quieren echar a Guillermo Francos por no cumplir con la Ley de Discapacidad
Martes 23 de Septiembre de 2025, 06:26
El planteo apunta directamente al Decreto 681/2025, con el que el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso establezca de dónde saldrán los fondos para financiarla.
Para los legisladores firmantes, se trata de una maniobra “ilegal e inconstitucional” que viola la división de poderes y constituye un incumplimiento de la ley 27.793, sancionada e insistida por ambas Cámaras.
La moción de censura, prevista en la reforma constitucional de 1994, es un mecanismo excepcional de control político: primero se aprueba la interpelación con mayoría absoluta de una de las Cámaras (37 senadores o 129 diputados) y, si prospera, puede derivar en la votación de censura que exige mayoría absoluta en ambas y cuyo efecto inmediato es la remoción del jefe de Gabinete. Si bien la oposición hoy contaría con esos números necesarios, en Casa Rosada interpretaron esta medida como una "advertencia" para mantener la ley.
No obstante, vale aclarar que la normativa contemplada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional no aclara nada sobre un impedimento para que el Presidente Milei vuelva a designar a Francos en ese cargo. Sería la misma dinámica con las leyes que la oposición sanciona y luego el Ejecutivo veta.
En el texto ingresado al Congreso, los diputados enumeraron las causales de la moción de censura: nulidad e ilegalidad del decreto, incumplimiento de la ley de emergencia, violación de la división de poderes, incumplimiento en la asignación de partidas y de la ley de Administración Financiera, además de cualquier otra cuestión que surja durante la interpelación.
“El Presidente ha desoído sistemáticamente las leyes sancionadas por el Congreso”, sostuvo Agost Carreño en los fundamentos, recordando los vetos a la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica y, ahora, la de discapacidad. “La promulgación de la ley pero sin cumplir sienta un peligroso antecedente, condicionando al Congreso con una interpretación ilegal e inconstitucional”, agregó.
El debate escaló rápidamente y sumó voces críticas en el recinto y fuera de él. En diálogo con PERFIL, el jefe del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, apuntó contra las prioridades del Ejecutivo.
“Es de pésimo y mal gusto que el mismo día que el gobierno dice que no va a implementar la ley de emergencia en discapacidad porque el Congreso no detalló las partidas, se eliminen retenciones al campo sin que tengamos idea del impacto fiscal. Sin dudas vamos a tener una menor recaudación en 2025; o sea, un mayor déficit fiscal primario o mayor ajuste del gasto. Y sin embargo eso no importa: importa no cumplir con una ley que contó con dos tercios de cada Cámara”, cuestionó.
El socialista Esteban Paulón habló de “constitucionalismo creativo” y advirtió que la maniobra de Milei y Francos “es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político”.
Desde Unión por la Patria, Julia Strada recordó que el Presidente ya había vetado la norma y el Congreso insistió: “Tiene que aplicar la ley. Y si no hay presupuesto es porque él decidió hacer el ajuste así, no nosotros”. Su compañera Victoria Tolosa Paz cuestionó las prioridades: “¿No hay plata para discapacidad pero sí para arrodillarse ante el Tesoro de EE.UU.? Es una burla”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez también se sumó a los cuestionamientos: calificó al decreto como “nulo de nulidad absoluta e insanable” y señaló que abre la puerta a amparos colectivos, denuncias penales por abuso de autoridad e incluso un pedido de juicio político contra el Presidente.
En sus redes sociales, el senador Martín Lousteau (UCR) planteó: "El gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad. Ahora dicen que no pueden implementar la Ley porque no tienen la plata. Pero es mentira, es una cuestión de prioridades. Hace dos años que no tenemos presupuesto y el Jefe de Gabinete asigna partidas a su criterio y discreción. ¿Probaron con no bajarle tantos impuestos a los más ricos de los ricos?".
La ofensiva parlamentaria se explica en el decreto 681/25, publicado este lunes 22 de septiembre en el Boletín Oficial, donde si bien promulgó la ley 27.793, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2026, pero en su artículo 2 condicionó la vigencia al financiamiento que el Congreso disponga en el presupuesto, calculando que su aplicación demandaría un gasto de más de tres billones de pesos, equivalente al 0,35% del PBI.
En sus considerandos, el Gobierno defendió la medida en nombre del equilibrio fiscal y recordó que toda ley que autorice gastos debe prever la fuente de financiamiento. Para la oposición, fue una “gambeta institucional” luego de que ambas Cámaras rechazaran el veto presidencial.
El trasfondo es aún más sensible: desde hace meses se multiplican las protestas por los recortes en el área de discapacidad y el escándalo de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde acusó a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, de quedarse con un porcentaje de cada contrato. /Perfil