Reclamo millonario: la Provincia exige $ 11.687 millones por la obra en el dique Celestino Gelsi

Lunes 29 de Septiembre de 2025, 20:43

El gobierno reclama la recuperación de los fondos destinados a la reparación de la presa lateral N.º 3, mientras la empresa Hidroeléctrica Tucumán rechaza esas pretensiones y ambas partes inician un pulso legal y administrativo por la responsabilidad



La Casa de Gobierno de Tucumán elevó de manera notable su reclamo contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA), concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Celestino Gelsi, conocido como el dique El Cadillal, al multiplicar por doce el monto exigido con el propósito de recuperar los fondos que la Provincia desembolsó para reparar la presa lateral N.º 3.

Originalmente, la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone había promovido un reclamo de 936 millones de pesos; ese monto fue ampliado hasta alcanzar 11.687 millones, cifra que podría sufrir nuevas actualizaciones conforme a certificados de redeterminación de obras, reportes por imprevistos y otros ítems que surjan hasta la finalización de los trabajos ejecutados por la unión temporal Sabavisa SA–Mercovial SA.

HTSA negó la obligación de afrontar los costos y cuestionó tanto la necesidad como la urgencia de la intervención. La compañía insistió en la petición de levantamiento de una medida cautelar que pesa sobre la misma: un embargo preventivo por 1.232 millones de pesos, compuesto por los gastos de la primera etapa de la obra y otros desembolsos vinculados a la reparación de la presa.

El expediente se inició en marzo de 2024, cuando la Provincia llevó el caso ante la Justicia Federal de Tucumán para reclamar la restitución de los fondos. Un año antes, mediante un decreto de necesidad y urgencia ratificado por la Legislatura, el Poder Ejecutivo había autorizado la contratación directa, con previo cotejo de precios, de la unión de empresas Sabavisa–Mercovial. En primera instancia la obra se había estimado en 688 millones de pesos, cifra que luego se incrementó por inspecciones técnicas y redeterminaciones, y que justificó —según el Ejecutivo— el desembolso realizado “para evitar la pérdida de vidas humanas y bienes”, por el riesgo sobre la seguridad pública y el abastecimiento de agua para la población y sectores productivos. /Los Primeros