Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez en Tucumán

Miércoles 01 de Octubre de 2025, 08:42

Uno de los deportistas dice que es falsa la denuncia de una joven por presunto abuso y acusó a la víctima y a otras personas de armar la causa.



La Justicia investiga una presentación realizada por uno de los cuatro jugadores de Vélez acusados de haber abusado de una joven en la que sostiene que se trató de una falsa denuncia. Los representantes legales de la víctima tildaron de absurda la presentación y sostuvieron que esta es otra maniobra para entorpecer la investigación y llegar a una segura condena.

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En marzo de 2024, la joven denunció que había sido convocada por el arquero Sebastián Sosa a charlar en un hotel donde estaba alojada la delegación. Expresó además que en esas circunstancias fue abusada sexualmente por Abiel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré. Los cuatro fueron acusados del ataque.

A partir de ese momento, se libró una larga batalla judicial que sigue sin resolverse.

En las últimas semanas, finalmente se conocieron los resultados de unas pericias realizadas a los celulares de los protagonistas del caso. Con esos elementos, Florentín Bobadilla, a través de sus defensores Camilo Atim y María Florencia Abdala, presentaron una denuncia. Según el escrito, acusaron a la denunciante y a su padre, a sus representantes legales Patricia Neme, Franco Venditti, al diputado nacional Carlos Cisneros y a por lo menos cuatro testigos que declararon en la causa por falso testimonio, estafa procesal, adulteración de documento público, adulteración de documento y asociación ilícita.

Según la presentación, los abogados que representan a la víctima habrían influenciado sobre la víctima y los testigos para que los denunciara por abuso, cuando en realidad, la relación podría haber sido consentida por la denunciante.

Indicaron además que eso quedó plasmado en un mensaje de audio que fue borrado por pedido de la querella. También adujeron que brindaron asesoramiento a la víctima y a las testigos para que con sus declaraciones la versión fuera más convincente.

La fiscala Mariana Rivadeneira tomó el caso y solicitó que se allanaran los estudios jurídicos de los profesionales y las viviendas de los testigos únicamente para secuestrar elementos que podrían ser útiles para la pesquisa. Los resultados de las medidas que fueron autorizadas no se dieron a conocer oficialmente.

Fuentes judiciales informaron que Rivadeneira habría encontrado indicios suficientes para sospechar que se habría elaborado un plan para perjudicar a los futbolistas. Sí quedó descartado de plano que se haya tratado de una asociación ilícita. Por lo pronto, lo único que quedó en claro es que existe una investigación en curso y que debería resolverse en el marco del expediente donde se investiga el caso. Esa tarea está en manos de la fiscala Adriana Reynoso Cuello. Habrá que esperar cuál es la postura de los defensores José María Molina y Ernesto García Biagosch (asisten a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (representa a Sosa).

“Está claro que esta es una maniobra para desviar el foco del caso, que es de una violación en manada de una joven. Se trata de una denuncia absurda que no tiene ningún sentido”, aseguró Neme en un contacto telefónico con La Gaceta. “Se allanó un estudio donde se atiende a personas que denuncian a EDET por daños. No sólo no tiene nada que ver con la causa, sino que además no se respetó la presencia de veedores”, añadió.

En un comunicado firmado por Cisneros y el equipo de abogados que están en la causa señalaron: “La celeridad con la que se ejecutaron los allanamientos contrasta con la lentitud del expediente original, que investiga la violación grupal. La fiscala aún no ha elevado la causa a juicio, a pesar del tiempo transcurrido y del volumen probatorio”. “Para especialistas en género y en derecho penal consultados por este medio, la situación revela un patrón: mientras las denuncias de abuso sexual se estancan, las maniobras defensivas se tramitan con rapidez inusual, generando una revictimización que agrava el daño emocional de las denunciantes”, añadieron.

Neme informó además que a raíz de estas medidas, la denunciante sufrió una severa crisis que obligó a ser atendida por especialistas en salud mental. /La Gaceta