Jueves 23 de Octubre de 2025, 06:01
La supuesta estafa millonaria atribuida a la financiera Sunday SRL, con sede en Yerba Buena, continúa generando repercusiones judiciales y sociales en Tucumán. La firma, que habría captado importantes sumas de dinero de ahorristas locales mediante una red de vínculos familiares y de confianza, es investigada por la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por el fiscal Diego Hevia, tras recibir más de veinte denuncias formales en los últimos días.
Según las presentaciones judiciales, los denunciantes acusan a los responsables de la empresa de incumplir el pago de intereses prometidos y retener el capital invertido, una práctica que habría afectado a decenas de personas que confiaron en el aparente prestigio del emprendimiento financiero. El abogado Tomás Álvarez fue el primero en llevar el caso a la justicia, representando a dos hermanos que entregaron alrededor de $ 20 millones entre pesos y dólares, motivados por la recomendación de un primo, José Salazar, contador de uno de ellos y presunto integrante del esquema.
De acuerdo al testimonio del letrado, los inversionistas comenzaron depositando sumas mensuales de entre $ 200.000 y $300.000, además de una transferencia de U$D 9.000, con la expectativa de generar rentabilidad a largo plazo. Todo transcurrió sin inconvenientes hasta que, al intentar retirar parte de sus fondos, recibieron la respuesta de que la empresa “no contaba con liquidez suficiente”, lo que encendió las alarmas entre los clientes.
La investigación derivó en allanamientos simultáneos realizados por orden judicial, en los que la policía secuestró documentación, computadoras y teléfonos que serán peritados para determinar el flujo de dinero y las posibles responsabilidades. También se solicitó a las autoridades financieras informes sobre las cuentas bancarias vinculadas a la compañía y la verificación de si Sunday SRL estaba habilitada legalmente para operar como entidad financiera.
El abogado Álvarez describió el funcionamiento de la empresa como “una estructura cuidadosamente montada”. Según explicó, los contratos ofrecidos a los inversores establecían que los fondos se destinarían al desarrollo de un supuesto software de inversión, cuya existencia aún no pudo comprobarse. La firma ofrecía “paquetes accionarios” y tasas de interés progresivas, reforzando una imagen de formalidad que generó confianza entre sus clientes.
El profesional señaló que la estrategia de captación se apoyaba en lazos personales: los denunciantes fueron contactados por parientes, amigos o conocidos, lo que reducía la sospecha sobre el negocio. “Apuntaron a personas con solvencia y liquidez, que disponían de grandes sumas en efectivo y buscaban opciones seguras para invertir”, puntualizó.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa reuniendo pruebas para determinar si la financiera operaba como una estructura fraudulenta, cuántos damnificados habría en total y cuál fue el monto global de dinero involucrado. El caso, que combina elementos de confianza personal y sofisticación contractual, podría convertirse en una de las mayores causas por estafa financiera en la provincia en los últimos años.