Cisneros impulsa una ley para la búsqueda permanente de personas desaparecidas
Miércoles 05 de Noviembre de 2025, 12:29
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Actualmente no existe una normativa nacional que establezca protocolos uniformes ante una desaparición. En la práctica, cada investigación depende de los criterios y recursos disponibles en la jurisdicción donde ocurre el hecho, lo que genera desigualdades y falta de coordinación. Tampoco hay datos oficiales consolidados que indiquen cuántas personas permanecen con paradero desconocido en el país.
El proyecto de Cisneros propone que toda persona cuyo paradero se desconozca sea registrada como “persona desaparecida” desde el momento en que se advierte su ausencia, sin demoras ni trámites previos, y que la búsqueda continúe activamente hasta su esclarecimiento.
Uno de los puntos centrales es la institucionalización del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), dependiente del Ministerio de Seguridad. Hoy el Sifebu coordina los recursos federales y mantiene registros de casos, pero su funcionamiento depende de decisiones administrativas. El proyecto le otorgaría fuerza de ley, convirtiéndolo en una política de Estado y asegurando su financiamiento.
La iniciativa también impulsa la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida, con el objetivo de unificar la información dispersa y contar con datos precisos sobre la magnitud del problema. Además, propone la formación de un Consejo Federal de Búsqueda de Personas, que integre a las instituciones nacionales y provinciales involucradas, y una Base Nacional de Datos Genéticos para facilitar la identificación de restos NN.
“No puede ser que las familias pasen años sin respuestas. Esta ley le da estabilidad institucional al sistema de búsqueda y establece obligaciones concretas del Estado”, afirmó Cisneros, quien subrayó que su propuesta “garantiza un abordaje con perspectiva de derechos humanos y de género”.
El diputado destacó la necesidad de corregir falencias en la investigación de desapariciones de mujeres, especialmente en los casos donde no se evalúan con rapidez hipótesis vinculadas a violencia de género, explotación sexual o femicidio.
El proyecto fue girado a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Justicia, Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda, donde espera tratamiento. “El objetivo es lograr un consenso amplio, porque se trata de una deuda del Estado con las familias que buscan a sus seres queridos”, sostuvo Cisneros.
Entre los antecedentes que impulsaron la propuesta, se encuentran casos emblemáticos como los de Marita Verón, María Cash y Sofía Herrera, cuya madre, María Elena Delgado, valoró la iniciativa. “Cuando desapareció mi hija no existía un protocolo. Hubiera sido muy importante contar con una guía clara de actuación”, señaló.
Especialistas consultados destacan que en los últimos años se presentaron decenas de proyectos sobre la materia, pero ninguno llegó a convertirse en ley. Para la antropóloga Celeste Perosino, integrante del Grupo de Intervención e Investigación Feminista (GIIF), “una norma nacional permitiría institucionalizar las lecciones aprendidas y asegurar una respuesta coordinada del Estado”.
Actualmente, se estima que en el país hay miles de búsquedas activas, aunque una gran parte se encuentra sin actualización ni seguimiento. El proyecto de Cisneros busca revertir esa situación y establecer un sistema de búsqueda permanente, integral y sostenido hasta que cada caso sea esclarecido.
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