Crece el repudio en todo el país contra el intocable Pirincho, dueño del Poder Judicial de Tucumán, por la censura alevosa a la prensa

Jueves 06 de Noviembre de 2025, 13:24

La provincia de Tucumán volvió a quedar en el centro de la escena nacional tras una decisión judicial que desató un escándalo político, institucional y mediático. A pedido del fiscal general Edmundo “Pirincho” Jiménez, el juez subrogante Lucas Alfredo Taboada impuso una medida cautelar inédita que prohíbe durante seis meses al medio local Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a sus periodistas y conductores difundir cualquier contenido que, de manera directa o indirecta, “injurie, desacredite, tergiverse o distorsione” la actuación de fiscales, funcionarios o magistrados del Poder Judicial tucumano.

La resolución judicial, que también ordena notificar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para la supervisión de su cumplimiento, tiene un alcance extraordinario: no se limita a un contenido o caso específico, sino que abarca toda comunicación futura sobre el accionar judicial. En los hechos, se trata de una prohibición preventiva, una “censura previa” que impide publicar información o críticas sobre el poder judicial. Por su contenido y motivación, juristas, periodistas y entidades de prensa coinciden en que se trata de una resolución abiertamente inconstitucional.

La medida generó una reacción inmediata y transversal. Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) hasta la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), pasando por legisladores de distintos signos políticos, organismos de derechos humanos y universidades, se multiplicaron los comunicados de repudio. Todos coincidieron en que el fallo vulnera derechos consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, ya que el artículo 14 garantiza la libertad de prensa y prohíbe toda forma de censura previa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de manera constante que el Estado no puede impedir la difusión de información o expresiones críticas antes de que ocurran, ni siquiera bajo la figura de medidas cautelares.

El caso generó especial indignación porque proviene del pedido de uno de los funcionarios más poderosos y cuestionados del sistema judicial tucumano: Edmundo Jiménez, fiscal general del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia y figura clave en la política judicial local desde hace más de dos décadas. Jiménez, apodado “Pirincho”, no es un funcionario más. Su nombre está ligado al armado político y judicial del exgobernador y violador José Alperovich, de quien fue ministro de Gobierno y Justicia durante once años. Desde ese lugar, y luego como titular del MPF, construyó una estructura de poder que, según numerosas denuncias, le permitió ejercer un control decisivo sobre la designación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

A lo largo de los años, su figura ha sido objeto de fuertes críticas por concentrar poder y por su aparente rol de operador político dentro de la justicia. Diversos dirigentes lo acusan de ser el verdadero cerebro del esquema judicial armado durante el alperovichismo. Legisladores como el diputado nacional Carlos Cisneros llegaron a afirmar públicamente que “lo que hacen con la justicia en Tucumán es una degeneración”, señalando a Jiménez como el responsable de haber armado “una justicia a gusto de Alperovich”.

En ese entramado, Jiménez fue señalado como el garante del control político sobre la justicia. Su paso del Ministerio de Gobierno al Ministerio Público Fiscal consolidó su influencia sobre el sistema judicial. El cargo de fiscal general —que concentra la dirección de todos los fiscales de la provincia— le permitió reforzar esa red de poder. En los últimos años, se multiplicaron las denuncias de abogados, legisladores y periodistas sobre la falta de independencia del MPF y la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento.

Incluso dentro del Poder Judicial, hay quienes admiten en voz baja el poder de Jiménez. Su influencia alcanza nombramientos, traslados y promociones. 

La decisión de imponer censura previa contra un medio de comunicación no puede entenderse al margen de ese contexto. En las últimas semanas, CCC había difundido informes críticos sobre el accionar del Ministerio Público Fiscal, incluyendo denuncias de irregularidades y favoritismos en causas sensibles. Poco después, llegó la medida judicial que busca silenciar cualquier contenido que pudiera “dañar” la imagen de fiscales y jueces. Para amplios sectores del periodismo tucumano, la medida tiene como único propósito acallar voces disidentes y evitar el escrutinio público sobre el poder judicial.

Las reacciones no se limitaron a Tucumán. En Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, organizaciones de periodistas y asociaciones profesionales expresaron su rechazo a lo que consideraron “una peligrosa regresión democrática”. Desde distintos ámbitos se recordó que la censura previa fue uno de los mecanismos más utilizados durante los regímenes autoritarios para controlar la información y sofocar la crítica. El repudio también llegó desde organismos de derechos humanos, que advirtieron que este tipo de decisiones vulneran no sólo la libertad de prensa, sino también el derecho de la sociedad a recibir información veraz e independiente.

Juristas especializados en derecho constitucional y penal sostuvieron que el fallo contradice los principios básicos del Estado de derecho. La medida, dicen, no sólo carece de fundamento legal, sino que además viola normas nacionales e internacionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional, prohíben expresamente toda forma de censura previa. El sistema interamericano considera que sólo puede haber responsabilidades ulteriores —es decir, sanciones después de una publicación—, pero nunca prohibiciones anticipadas.

La medida también provocó una reacción política. La diputada provincial Silvia Elías de Pérez calificó el hecho como “un retroceso institucional sin precedentes desde 1983” y advirtió que “la censura previa abre el camino al autoritarismo”. En el Congreso nacional, legisladores opositores solicitaron informes al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan en defensa de la libertad de prensa.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal tucumano y el entorno de Jiménez guardaron silencio. Ninguna autoridad judicial explicó los fundamentos de una medida que, en los hechos, equivale a prohibir hablar sobre la justicia. En el ámbito académico y jurídico, se multiplican los pedidos para que el fallo sea revisado de manera urgente y se restablezca el pleno ejercicio del derecho a la información.

La censura previa impuesta en Tucumán no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema más profundo: la fusión entre poder político y poder judicial, y la utilización del aparato estatal para silenciar la crítica. En este sentido, la figura de Edmundo Jiménez simboliza la continuidad de una forma de poder que atraviesa gobiernos y que parece resistirse a los controles democráticos. Desde su lugar en el Ministerio Público Fiscal, Jiménez ha sido durante años el hombre que mueve los hilos del sistema judicial provincial. Su nombre aparece en casi todas las denuncias sobre manipulación de causas, encubrimiento de funcionarios y designaciones a medida.

Por eso, la decisión de imponer un bozal legal a los periodistas no sólo afecta a un medio, sino que pone al descubierto un entramado institucional que ha naturalizado los atropellos contra la Constitución. La medida vulnera la libertad de prensa, el derecho a la información, el principio de legalidad y la independencia judicial. Y lo hace en un contexto en el que la sociedad tucumana reclama transparencia, justicia y rendición de cuentas.

El repudio a nivel nacional sigue creciendo. En las redes sociales, en los foros de periodistas y en los comunicados de las organizaciones profesionales, se repite una idea: si una provincia permite que el poder judicial censure a la prensa, ningún otro territorio estará a salvo. Lo que está en juego no es una disputa personal entre un fiscal y un canal de televisión, sino la vigencia misma de los principios democráticos.

La decisión judicial impulsada por Jiménez se ha convertido en un símbolo de cómo el poder puede servirse de las instituciones para protegerse de la crítica y perpetuar su dominio. Tucumán enfrenta hoy un espejo que muestra lo peor de su historia política reciente: una justicia subordinada, una prensa amordazada y un sistema institucional debilitado.

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