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Crece el repudio en todo el país contra el intocable Pirincho, dueño del Poder Judicial de Tucumán, por la censura alevosa a la prensa
Jueves 06 de Noviembre de 2025, 13:24
La alianza entre Jiménez y Alperovich es vista por muchos como la base de un modelo de control institucional que se consolidó en Tucumán desde comienzos de los años 2000. Durante los gobiernos de Alperovich (2003–2015), el poder judicial provincial fue acusado de responder a intereses políticos antes que al imperio de la ley. Numerosas causas de corrupción, abuso de poder y enriquecimiento ilícito contra funcionarios del oficialismo quedaron paralizadas o fueron desestimadas, mientras que las investigaciones contra opositores y periodistas críticos avanzaban con rapidez.
Incluso dentro del Poder Judicial, hay quienes admiten en voz baja el poder de Jiménez. Su influencia alcanza nombramientos, traslados y promociones.
La decisión de imponer censura previa contra un medio de comunicación no puede entenderse al margen de ese contexto. En las últimas semanas, CCC había difundido informes críticos sobre el accionar del Ministerio Público Fiscal, incluyendo denuncias de irregularidades y favoritismos en causas sensibles. Poco después, llegó la medida judicial que busca silenciar cualquier contenido que pudiera “dañar” la imagen de fiscales y jueces. Para amplios sectores del periodismo tucumano, la medida tiene como único propósito acallar voces disidentes y evitar el escrutinio público sobre el poder judicial.
Las reacciones no se limitaron a Tucumán. En Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, organizaciones de periodistas y asociaciones profesionales expresaron su rechazo a lo que consideraron “una peligrosa regresión democrática”. Desde distintos ámbitos se recordó que la censura previa fue uno de los mecanismos más utilizados durante los regímenes autoritarios para controlar la información y sofocar la crítica. El repudio también llegó desde organismos de derechos humanos, que advirtieron que este tipo de decisiones vulneran no sólo la libertad de prensa, sino también el derecho de la sociedad a recibir información veraz e independiente.
Juristas especializados en derecho constitucional y penal sostuvieron que el fallo contradice los principios básicos del Estado de derecho. La medida, dicen, no sólo carece de fundamento legal, sino que además viola normas nacionales e internacionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional, prohíben expresamente toda forma de censura previa. El sistema interamericano considera que sólo puede haber responsabilidades ulteriores —es decir, sanciones después de una publicación—, pero nunca prohibiciones anticipadas.
En Tucumán, la indignación creció también dentro de los medios locales, muchos de los cuales se solidarizaron con CCC y denunciaron un clima de intimidación y hostigamiento hacia la prensa. La Asociación de Prensa de Tucumán emitió un comunicado advirtiendo que “la libertad de prensa no se negocia” y que la resolución de Taboada, impulsada por Jiménez, “constituye un grave atentado contra la democracia”. Periodistas señalaron que la resolución se notificó de manera intimidatoria, como si se tratara de una orden de allanamiento, y que el lenguaje del fallo tiene un tono propio de los viejos decretos de censura de las dictaduras.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal tucumano y el entorno de Jiménez guardaron silencio. Ninguna autoridad judicial explicó los fundamentos de una medida que, en los hechos, equivale a prohibir hablar sobre la justicia. En el ámbito académico y jurídico, se multiplican los pedidos para que el fallo sea revisado de manera urgente y se restablezca el pleno ejercicio del derecho a la información.
La censura previa impuesta en Tucumán no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema más profundo: la fusión entre poder político y poder judicial, y la utilización del aparato estatal para silenciar la crítica. En este sentido, la figura de Edmundo Jiménez simboliza la continuidad de una forma de poder que atraviesa gobiernos y que parece resistirse a los controles democráticos. Desde su lugar en el Ministerio Público Fiscal, Jiménez ha sido durante años el hombre que mueve los hilos del sistema judicial provincial. Su nombre aparece en casi todas las denuncias sobre manipulación de causas, encubrimiento de funcionarios y designaciones a medida.
Por eso, la decisión de imponer un bozal legal a los periodistas no sólo afecta a un medio, sino que pone al descubierto un entramado institucional que ha naturalizado los atropellos contra la Constitución. La medida vulnera la libertad de prensa, el derecho a la información, el principio de legalidad y la independencia judicial. Y lo hace en un contexto en el que la sociedad tucumana reclama transparencia, justicia y rendición de cuentas.
El repudio a nivel nacional sigue creciendo. En las redes sociales, en los foros de periodistas y en los comunicados de las organizaciones profesionales, se repite una idea: si una provincia permite que el poder judicial censure a la prensa, ningún otro territorio estará a salvo. Lo que está en juego no es una disputa personal entre un fiscal y un canal de televisión, sino la vigencia misma de los principios democráticos.
La decisión judicial impulsada por Jiménez se ha convertido en un símbolo de cómo el poder puede servirse de las instituciones para protegerse de la crítica y perpetuar su dominio. Tucumán enfrenta hoy un espejo que muestra lo peor de su historia política reciente: una justicia subordinada, una prensa amordazada y un sistema institucional debilitado.
La sociedad tucumana y el país entero observan con preocupación. La defensa de la libertad de expresión y la independencia judicial no admite silencios ni demoras. El bozal impuesto a un medio local es, en el fondo, un bozal a la democracia. Y el repudio creciente en todo el país refleja que todavía hay sectores dispuestos a defender, frente a cualquier poder, el derecho a decir la verdad.