Viernes 07 de Noviembre de 2025, 05:40

GUSTAVO MORALES. Dos pedidos del letrado con condena en suspenso, centrados en su colega Rodolfo Burgos, motivaron la reacción de este y la advertencia judicial.
La Justicia tucumana volvió a advertir al abogado Gustavo Morales por incumplir las condiciones impuestas tras su condena a tres años de prisión en suspenso, dictada por una serie de delitos que incluyen desobediencia judicial reiterada, instigación a cometer delito, turbación de un acto legítimo de la autoridad y falso testimonio reiterado como instigador. La resolución judicial fue clara: si reincide, la pena condicional será revocada y deberá cumplir prisión efectiva.
La medida fue adoptada por el juez
Gonzalo Javier Ortega, luego de que
Rodolfo Burgos, abogado y víctima en una de las causas, denunciara que Morales había vulnerado las reglas de conducta establecidas en julio pasado. En aquella oportunidad, el imputado aceptó un juicio abreviado, admitiendo su responsabilidad en cinco expedientes penales investigados por la fiscal
Mariana Rivadeneira, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.
Uno de los hechos más graves por los que fue condenado se remonta a 2022, cuando Morales, quien representaba a la madre de una menor víctima de abuso sexual, violó una orden judicial de confidencialidad. Según la acusación, filtró a un medio de comunicación un informe psicológico de la niña, elaborado por su terapeuta, que luego fue publicado íntegramente bajo el título: “Caso Burgos UNT: estremecedor informe psicológico de la menor”.
Tras el acuerdo de condena, el juez Guillermo Di Lella había establecido estrictas condiciones: Morales no podía acercarse ni comunicarse con las víctimas, ni realizar comentarios públicos o privados sobre magistrados, funcionarios o partes intervinientes en los procesos. Pese a ello, Burgos denunció que el abogado presentó dos solicitudes formales de sanción en su contra: una ante el Colegio de Abogados, y otra ante la Facultad de Derecho de la UNT, pidiendo un juicio académico.
Según el denunciante, estos pedidos —basados en una condena que aún no está firme por encontrarse en trámite de casación— constituyen un nuevo acto de hostigamiento. “Cuando se convalidó el acuerdo creí que había ganado el olvido de Morales, pero parece que no. Quiere seguir”, expresó Burgos ante el tribunal.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el auxiliar Gonzalo García, respaldó el reclamo de la víctima y coincidió en que la conducta del abogado vulneró las reglas impuestas. “Morales es un profesional del derecho y sabe que rige el principio de inocencia. Hasta que la condena no quede firme, sus presentaciones son improcedentes y constituyen un acto de presión”, señaló.
Por su parte, la defensa de Morales, a cargo del abogado Diego Piedrabuena, negó la acusación y sostuvo que su cliente actuó dentro del marco legal. Argumentó que los escritos presentados “no fueron expresiones sobre la vida privada de nadie”, sino denuncias formales ante organismos competentes, y que su contenido “no puede interpretarse como una violación de conducta sino como el ejercicio del derecho a peticionar”.
Tras escuchar a las partes, el juez Ortega hizo lugar al planteo de Burgos, con el acompañamiento del Ministerio Público y los abogados José María Molina y Carlos Guido Cattáneo. En su resolución, el magistrado revocó los plazos de cumplimiento de las condiciones fijadas en julio y exhortó a Morales a respetar estrictamente las reglas impuestas, bajo apercibimiento de convertir la pena condicional en prisión efectiva.
La advertencia judicial marca un nuevo capítulo en la compleja trama legal que envuelve al abogado tucumano, recordándole que la reincidencia en la desobediencia judicial podría tener, esta vez, consecuencias irreversibles.
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