Pero mientras la pista se desmoronaba, en Tucumán crecía la polémica por las denuncias sobre el manejo patrimonial de la Fundación María de los Ángeles, la entidad que Trimarco dirige desde hace casi dos décadas y que recibe aportes públicos y privados para asistir a víctimas de trata.
El foco en los alquileres y la administración de propiedadesSegún trascendió en distintos medios provinciales, la fundación administra varios inmuebles en la capital tucumana, algunos de los cuales estarían siendo alquilados a particulares y empresas para actividades comerciales.
Los registros catastrales provinciales muestran que la entidad figura como titular de diversos locales y oficinas, adquiridos o mantenidos con fondos públicos durante los últimos años. Varios de esos espacios —según versiones difundidas en la prensa local— fueron arrendados a comercios, estudios profesionales y emprendimientos privados, generando ingresos que no habrían sido informados públicamente en los balances de la organización.
Estas operaciones despertaron críticas desde sectores políticos y organizaciones sociales que reclaman una auditoría independiente. En particular, legisladores opositores de Tucumán pidieron explicaciones sobre el destino de los recursos obtenidos por esos alquileres, y si fueron efectivamente reinvertidos en programas de asistencia a víctimas, como estipulan los fines de la fundación.
Hasta el momento, no se presentaron balances oficiales actualizados ni documentación que aclare la situación patrimonial completa de la entidad. Desde el entorno de Trimarco respondieron que todo está “dentro de la legalidad” y atribuyeron las versiones a “ataques políticos”. Sin embargo, las declaraciones no fueron acompañadas por información contable ni por la publicación de los estados financieros.
Silencio oficial y reclamos de transparenciaEl Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno tucumano —ambos aportantes regulares de fondos a la fundación— evitaron pronunciarse públicamente sobre los cuestionamientos. Sin embargo, fuentes del ámbito administrativo reconocen que no se realizaron auditorías exhaustivas en los últimos años sobre el uso de los subsidios otorgados.
En paralelo, ex integrantes de la organización que dejaron sus cargos en los últimos años denunciaron informalmente irregularidades en la gestión interna y falta de control sobre la administración de donaciones. Ninguna de estas presentaciones derivó en causas judiciales, pero su sola existencia alimenta la sospecha sobre un manejo discrecional de los recursos.
La coincidencia que encendió las sospechasLa simultaneidad entre la pista en Paraguay y la reaparición pública de Trimarco con el avance de estas denuncias no pasó inadvertida en el ambiente político y mediático.
“Cada vez que las críticas a la fundación ganan espacio, surge un capítulo nuevo en la historia de Marita que ocupa todos los titulares”, señaló un analista en las redes.
Aunque no hay pruebas de una maniobra deliberada, la coincidencia temporal reforzó la percepción de que la atención sobre la supuesta pista sirvió para desplazar el debate sobre el manejo de la fundación, que sigue bajo la lupa de la opinión pública.
De símbolo nacional a figura en debateDurante más de dos décadas, Susana Trimarco fue reconocida como un símbolo nacional en la lucha contra la trata de personas. Su historia inspiró leyes, películas y campañas de concientización. Pero hoy, el consenso alrededor de su figura parece resquebrajarse.
Las denuncias por los alquileres, la falta de auditorías y los cuestionamientos políticos abrieron un nuevo frente de críticas que ponen en duda la transparencia de la organización que lleva el nombre de su hija.
Mientras tanto, la causa judicial por la desaparición de Marita Verón sigue sin avances.
El caso de Paraguay volvió a demostrar que el dolor y la esperanza continúan siendo un poderoso motor mediático, pero también que la credibilidad pública de Trimarco enfrenta su momento más difícil desde que inició su cruzada hace más de veinte años.