Jueves 13 de Noviembre de 2025, 06:18

REPRIMENDA. Los integrantes de la cúpula policial escucharon en silencio las recriminaciones del gobernador Osvaldo Jaldo, antes de enterarse de que deberán elevar informes sobre el funcionamiento de cada una de las reparticiones de la fuerza de segu
El gobernador Osvaldo Jaldo ordenó a toda la plana mayor de la Policía provincial presentar informes urgentes luego de que se conociera que un comisario habría utilizado personal de la fuerza —e incluso detenidos— para la presunta construcción de una vivienda privada en El Cadillal.
El mandatario anticipó que revisará cada documento antes de definir eventuales acciones disciplinarias. “Se puede remover desde un comisario general hasta un agente”, advirtió el jefe de Policía, Joaquín Girvau, sintetizando el clima interno.
La reunión en Casa de Gobierno, convocada de urgencia por el titular del Ejecutivo, dejó una fuerte señal de malestar. Según trascendió, Jaldo ingresó a la sala sin saludar a los presentes y redujo el encuentro a un monólogo severo, acompañado por el ministro de Seguridad Ciudadana, Eugenio Agüero Gamboa, y el propio Girvau.
Ningún comisario tuvo la posibilidad de intervenir. Solo escucharon la reprimenda directa del gobernador, quien expresó su “profunda desilusión” por la conducta atribuida a los comisarios Gustavo Beltrán y Sergio Juárez. “Nunca recibieron tanto respaldo político, y esta es la respuesta. Echaron por tierra todo lo bueno que se estaba logrando”, habría manifestado.
El mandatario también remarcó que no dudará en disponer sanciones ejemplares cada vez que se detecten irregularidades. Ordenó, además, que la plana mayor presentara antes de la tarde de ayer un informe detallado con estadísticas de gestión de los últimos dos años y la identificación de los tres jefes a cargo de cada área. No comunicó aún qué medidas tomará con esa información ni cuándo dará una devolución.
Tras el encuentro, los jefes policiales abandonaron el edificio sin formular declaraciones. Fue el ministro Agüero Gamboa quien reconoció el impacto institucional del caso, aunque defendió el trabajo general de la fuerza. “Es un golpe duro, pero demuestra que avanzamos con firmeza en la depuración interna. Nadie está por encima de la ley. El plan de seguridad sigue dando resultados, y el operativo Lapacho es una muestra de ello”, afirmó.
Más contundente fue Girvau, visiblemente irritado tras la exposición ante el gobernador. Calificó el accionar imputado como “una actitud de sinvergüenza” y criticó que se haya puesto a detenidos a trabajar en una obra privada. Confirmó que hay 13 efectivos bajo investigación y que se abrieron tres sumarios administrativos. “Todo quedará a disposición de la Justicia. Si deben quedar más policías detenidos, así será. Defraudaron a la institución y al uniforme”, expresó.
El jefe policial aseguró que el episodio “no quedará impune”. Anunció que se ordenó una revisión integral de todas las jefaturas regionales y departamentales para determinar responsabilidades y evaluar el desempeño de quienes conducen cada repartición.
“Esto nos obliga a revisar a fondo cómo estamos trabajando. Estos hechos tiran por la borda años de esfuerzo y manchan el uniforme de quienes cumplen su deber con honestidad”, concluyó.
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