Cómo resolvieron el problema del transporte y las apps algunas ciudades argentinas y qué es el nuevo sistema Uber Shuttle

Mientras varias jurisdicciones buscan ordenar la actividad sin desalentar la innovación, otras aplican controles severos y límites operativos que ya generan fricciones con las plataformas.

Neuquén fue la ciudad que abrió el último capítulo del debate, al formalizar un marco operativo que reconoce a las apps como un servicio de “interés público” por su impacto en la movilidad urbana. 

La regulación local define que el municipio solo intervendrá en cuestiones operativas —habilitación de autos y choferes— sin entrometerse en las tarifas, las condiciones laborales o el vínculo comercial entre las Empresas de Redes de Transporte (ERT) y los conductores. 

Como particularidad, impuso a las plataformas una Garantía de Cumplimiento anual de $15 millones ante la Municipalidad.

En Córdoba, el municipio de Alta Gracia aprobó días atrás su propio marco legal, fruto de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Concejo Deliberante, taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones. 

La normativa exige que las plataformas tengan domicilio legal y representación en la ciudad, impone controles de seguridad, límites de antigüedad vehicular (máximo 10 años) y sistemas obligatorios de geolocalización. 

La capital de Catamarca también avanzó esta semana: allí se estableció que las empresas deberán constituirse formalmente, tributar tasas municipales y garantizar que los choferes cuenten con licencia profesional, antecedentes limpios y seguros especializados. Además, fija un tope laboral estricto: no más de ocho horas corridas ni más de doce fraccionadas por día.

Uno de los marcos más restrictivos funciona en Villa María (Córdoba). Allí se fijó una tarifa unificada para taxis y apps, permitiendo a las plataformas cobrar solo hasta un 20% más del precio oficial. Además, se limitaron las habilitaciones de licencias a un permiso cada 170 habitantes y se impuso la presentación anual de certificados de antecedentes, incluyendo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Conductores y empresas también deben aprobar cursos y garantizar transparencia en su operatoria.

En Salta capital, el Concejo Deliberante reguló en abril la actividad de Uber, Cabify y otras plataformas. Se exige representación legal local, soporte técnico, geolocalización en tiempo real y herramientas de seguridad como botón de pánico. 

Luego, para equilibrar el escenario competitivo, el municipio eximió a taxis y remises del pago del impuesto automotor, con la intención de aliviar costos operativos ante la creciente presencia de apps.

En la Ciudad de Buenos Aires, el conflicto mantiene una larga historia judicial. Desde la cautelar de 2016 que suspendió Uber, pasando por las sanciones votadas en 2018, hasta los fallos contradictorios que se dieron entre 2020 y 2023 —cuando el Tribunal Superior de Justicia primero declaró legal la actividad y luego cuestionó su cumplimiento normativo— la relación entre la plataforma y el Estado porteño sigue marcada por la ambigüedad. Aun así, el servicio continúa operando sin una prohibición firme.

Mientras los marcos normativos se multiplican, Uber avanza con nuevos formatos en la región. En Brasil lanzó “Uber Shuttle”, un servicio de autobuses chárter que conecta el aeropuerto de Guarulhos con zonas comerciales de San Pablo. Con capacidad para 49 pasajeros y tarifas muy inferiores a las del servicio tradicional en autos, el sistema tendrá salidas cada 20 minutos y podría expandirse a Paraguay y Uruguay según la demanda.