Jueves 04 de Diciembre de 2025, 06:38

PRESOS. Ángela Yamile Ale y a su novio Darío Coronel recibieron prisión domiciliaria y preventiva respectivamente, tras ser denunciados por la ex pareja de La Chancha y es ex presidenta del Club Atlético San Martín
Un conflicto por la posesión de una vivienda vinculada al clan Ale derivó en una causa penal por usurpación, amenazas y lesiones. El Ministerio Público Fiscal formalizó cargos contra Ángela Yamile Ale —una de las hijas de Rubén “La Chancha” Ale— y su pareja, Darío Coronel, luego de que ambos ingresaran por la fuerza a la casa donde reside María Jesús Rivero, ex pareja del fallecido referente del clan. Tras la audiencia, la Justicia dispuso 15 días de arresto domiciliario para la acusada y prisión preventiva para el hombre, mientras avanza la investigación.
La disputa se originó en el marco de un trámite sucesorio. Rivero denunció que el 11 de noviembre Ale y Coronel irrumpieron en su vivienda de Adolfo de la Vega al 700, la agredieron y ocuparon ilegalmente la planta baja del inmueble. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Diego Hevia, que ordenó avanzar con la imputación tras reunir elementos contundentes.
De acuerdo con la exposición realizada por la auxiliar de fiscal, Natalia Carabajal, los acusados llegaron el 7 de noviembre junto a tres personas no identificadas, rompieron el candado del portón usando un fierro y derribaron a patadas la puerta principal. Una vez adentro, Coronel le asestó un golpe de puño a la denunciante y, minutos después, arribaron dos hermanas de Ángela Ale para instalarse con ellos en la vivienda. Según la acusación, el grupo permaneció en el sitio bajo amenazas directas que incluyeron expresiones como “te vamos a sacar de aquí” y “te vamos a sacar con los pies por delante”.
El episodio más reciente ocurrió el 1 de diciembre, cuando Rivero regresó acompañada de una amiga. Según la hipótesis fiscal, Ale tomó un cuchillo para intimidarla y le advirtió: “te voy a tajear entera”, lo que obligó a la mujer a retirarse para resguardar su vida. Los exámenes médicos constataron lesiones compatibles con la denuncia, y registros fílmicos aportados al expediente muestran el ingreso violento al inmueble. También declararon vecinos y personal policial que intervino en los hechos.
Con ese cúmulo de pruebas, Carabajal imputó a los acusados por usurpación y solicitó 15 días de prisión preventiva. El querellante, Rodolfo Tercero Burgos, respaldó la postura fiscal y requirió además la restitución del inmueble.
Las defensas intentaron morigerar la acusación. Victoria Corbera, representante de Coronel, negó que su defendido golpeara a Rive ro, aunque reconoció la irrupción forzada. Agustina Mentesana, abogada de Ángela Ale, sostuvo que la mujer posee una declaratoria de herederos y que el ingreso —aunque violento— no constituiría un despojo. Alegó además que existían conversaciones previas sobre la posibilidad de cohabitación.
La propia Ángela Ale admitió haber ingresado “bruscamente”, pero aseguró que actuó desesperada porque debía mudarse junto a sus tres hijos tras el vencimiento de un contrato de alquiler. Negó haber agredido a Rivero y se quejó de la falta de respuesta judicial a denuncias previas que —según dijo— había formulado tanto contra su hermano como contra la denunciante.
Finalmente, el juez Fernando Zóttoli resolvió restituir provisoriamente la casa a Rivero, otorgar arresto domiciliario a Ángela Ale y ordenar prisión preventiva efectiva para Coronel mientras continúan las actuaciones. El conflicto, atravesado por tensiones familiares, sucesorias y antecedentes de violencia, seguirá su curso en sede penal.
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