Jueves 11 de Diciembre de 2025, 16:09

En esa nueva audiencia, ante el TOF 7, se detalla cómo habría sido la cartelización de la obra pública a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Este jueves continúa la novena audiencia de la causa Cuadernos con la lectura de la acusación por las presuntas irregularidades detectadas en la asignación de contratos para obras civiles viales, vinculadas a la Cámara Argentina de Empresas Viales.En este contexto, ante el Tribunal Oral Federal 7, se detalló el testimonio de Aldo Roggio, un empresario imputado colaborador, quien aseguró que sufrió aprietes durante el kirchnerismo: “De Vido, en alguna oportunidad, me dijo ‘no se puede hacer política sin plata’”, precisó.
“Tengo referencia también que en materia de obras viales existió un sistema, del que no participé, fui informado que el gobierno nacional impulsaría un importante plan de obras públicas, privilegiando su ejecución por sobre el precio de las mismas, debiendo las empresas contribuir con las necesidades políticas de orden económico”, fueron sus primeras declaraciones sobre la causa.
Tras ello, señaló que el exministro de Planificación le manifestó que
“no se puede hacer política sin plata” y aclaró que no participó de “esta propuesta” y, por eso, lo “ralearon”.“Licitamos obras y algunas pocas hemos ganado por precio en libre competencia. En la ejecución de esas obras sentimos el rigor de no haber aceptado las condiciones señaladas, habiéndosenos demorado por plazos extensos el pago de certificados, redeterminación de precios, nunca nos pagaron los intereses que manda la ley, etc., obligándonos a tener reconocimientos monetarios para la política para sortear estas dificultades, los ejecutores de este apriete fueron De Vido, López, Baratta, Uberti, habiendo cada uno y en distintas oportunidades exigidos esos aportes como forma de superar estos problemas”, agregó.

Ernesto Clarens, uno de los imputados colaboradores en la causa
Además, especificó que estos aportes “en realidad no representaban un porcentaje determinado de la obra en cuestión, sino que nos eran exigidos puntualmente”. “La persona que recibía estos pagos era Clarens, habiendo dispuesto estos pagos cuando la situación financiera de las obras se volvía insostenible. Sin poder precisarlo, aproximadamente, las entregas de dinero fueron del orden de 100.000 dólares por vez, o su equivalente en pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la suma de 3.000.000 de dólares”.
En esta audiencia también se leyó la declaración de Carlos Wagner, uno de los imputados colaboradores más importantes de este tramo, quien contó que “las dádivas que entregara en la sede de la empresa eran con dinero propio, generalmente en pesos”. Además,sobre el monto, sostuvo que “es una cuenta muy difícil de hacer’”.
“A partir del año 2006 la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a retrasar inexplicablemente los pagos de certificados de obra, a ello se sumaron retrasos en los procesos de redeterminación de precios por Decreto y de los adicionales de obra; todo eso generó fuertes y graves distorsiones no solo respecto al cumplimiento de los compromisos inicialmente convenidos sino en la ecuación económica del contrato”, añadió.
Y sumó: “Las demoras y arbitrariedades señaladas crearon una situación muy complicada entre Vialidad y algunos contratistas, entre los que Esuco no fue una excepción, que los llevó a realizar pagos a cuenta al señor Clarens como la única manera de salir del ahogo financiero que amenazaba la actividad. Estos pagos tuvieron, en un primer momento, cierta regularidad, que con el tiempo fue perdiendo. Los montos entregados al señor Clarens no guardaban una proporción con el monto del contrato y eran variables. Este sistema de pagos se mantuvo con vaivenes, al menos hasta el año 2011. Los pagos fueron siempre realizados con dinero personal y la mayor parte de ellos fueron en pesos”.
También se leyó la declaración de otro imputado colaborador, el empresario Ángelo Calcaterra quien explicó que “en algunas pocas ocasiones se le pidió al señor Clarens ayuda para lograr el cobro de trabajos realizados como contratista y pendientes de pago, y luego, como retribución, se le entregó dinero en reconocimiento”. “Se llegó a esto porque de lo contrario la situación de la empresa sería muy difícil de mantener”, resaltó.

Aldo Roggio, otro de los involucrados en la causa.
“Nosotros concurrimos a una reunión que nos cita la cámara en el año 2004, que fue la única vez que asistí, con Sánchez Caballero, y nos fuimos de esa reunión porque nos ningunearon diciendo que no podíamos ser adjudicatarios sino subcontratistas de otras empresas, entonces nos levantamos y nos fuimos. Tuvimos que pelear mucho, éramos una de las empresas más grandes del sector con alrededor de 3000 personas en relación de dependencia, con laboratorios en la ruta para ver la calidad del material de construcción, lo cual grafica la envergadura de la compañía”, precisó y completó: “No puedo cuantificar la cantidad de obras a las que nos presentamos, pero fueron cientos y el porcentaje de las que ganamos en relación a las que nos presentamos fue mínimo”.
Los imputados en la causa Cuadernos
Las declaraciones son leídas por los cuatro secretarios del tribunal. Este expediente investiga el esquema de “La Camarita”. Este segmento involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, junto a otros 5 exfuncionarios y 43 empresarios, acusados de integrar asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo.
Según el documento de elevación a juicio presentado por el fiscal Carlos Stornelli el 20 de noviembre de 2019 ante el juez Claudio Bonadio, esta rama de la investigación surgió en agosto de 2018 como una derivación de la causa principal “Cuadernos”, tras descubrir indicios de que la supuesta organización criminal liderada por la expresidenta también intervenía en el ámbito de las obras públicas no viales.
Testimonios de arrepentidos revelaron que se habrían entregado pagos anticipados a autoridades estatales mediante el financista Ernesto Clarens, propietario de Inverness SA, extrayendo un porcentaje de las ofertas por las obras.
Además de Cristina Kirchner, en este tramo se acusa al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, la responsabilidad compartida en múltiples casos de recepción de sobornos.

Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López, tres de los imputados en la causa Cuadernos.
También se procesó a Sergio Hernán Passacantando, exgerente de Administración en la Dirección Nacional de Vialidad y antiguo empleado de Inverness entre 2003 y 2005; a Nelson Guillermo Periotti, exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad; y a Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador general de Vialidad.
Clarens enfrenta cargos por mediar en los sobornos recibidos por los funcionarios. /
TN
Más leídas hoy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más leídas en la semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10