Domingo 21 de Diciembre de 2025, 09:19

AL DESCUBIERTO. La elaborada estafa, que incluía suscripciones y pago en cuotas, fue detectada por el área de ciberdelitos de la justicia santiagueña.
Una investigación judicial se puso en marcha en Santiago del Estero tras detectarse una presunta maniobra fraudulenta vinculada a la gestión irregular de subsidios nacionales por embarazo, que era promovida a través de un grupo de WhatsApp.
El caso se originó a partir de un hallazgo realizado por el área de Ciberseguridad policial durante tareas de patrullaje informático, que permitió advertir la existencia de una operatoria sospechosa difundida en un grupo denominado “Laprida”.
La pesquisa quedó a cargo de la fiscal
Erika Leguizamón y es instruida por el Departamento de Delitos Económicos. Según las primeras actuaciones, una mujer que se presentaría como gestora ofrecía realizar trámites ante la ANSES para acceder a un beneficio destinado a mujeres embarazadas, incluso a personas que no se encontraban cursando una gestación.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, la operatoria iba más allá de una gestión administrativa legítima. La irregularidad surgía cuando la presunta gestora aseguraba que podía “agilizar” los trámites gracias a la obtención de certificados obstétricos, los cuales —según afirmaba— permitirían acceder al subsidio aun sin cumplir los requisitos médicos exigidos.
Toda la captación de interesadas se realizaba mediante contactos telefónicos y mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería.

La maniobra incluía el cobro inicial de $ 50.000 a cambio de la supuesta documentación necesaria para iniciar el trámite. Entre los elementos ofrecidos figuraba un formulario presuntamente apócrifo, que llevaría la firma y el sello de una obstetra. Sobre este punto, la Justicia intenta determinar si existe alguna profesional de la salud involucrada o si se trataría del uso de sellos falsificados o sustraídos.
Según la investigación, una vez que las personas comenzaban a percibir el beneficio estatal, la mujer exigía un nuevo pago de $ 100.000 como parte del acuerdo ilegal, lo que agravaría la presunta estafa.
La Fiscalía dispuso una serie de medidas investigativas para identificar plenamente a la responsable, reconstruir el circuito del dinero y establecer el alcance real de la maniobra.
La causa se encuentra en una etapa inicial, pero no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que avancen las tareas de campo y el análisis de la evidencia digital recolectada.
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