La similitud del caso Maduro con Noriega, quien murió en prisión en EEUU condenado a 40 años

Domingo 04 de Enero de 2026, 12:57

El caso de Manuel Noriega dejó una huella profunda en el sistema judicial de Estados Unidos y hoy vuelve a cobrar centralidad como antecedente directo para comprender el futuro legal de Nicolás Maduro. No se trata de una comparación política ni de una analogía forzada: es un espejo jurídico. Noriega fue capturado, juzgado, condenado a 40 años de prisión por narcotráfico y conspiración criminal, y murió privado de su libertad. El recorrido que enfrenta Maduro presenta similitudes estructurales, procesales y penales que permiten anticipar un desenlace comparable.
A fines de los años 80, Estados Unidos decidió avanzar contra un jefe de Estado extranjero acusado de utilizar el aparato del Estado para facilitar el tráfico internacional de drogas. Noriega había sido durante años un aliado funcional de Washington, hasta que el volumen de pruebas, las rutas del dinero y los vínculos con carteles lo convirtieron en un objetivo judicial. La operación culminó con su captura en Panamá, su traslado a territorio estadounidense y un juicio federal que sentó jurisprudencia: la legalidad del arresto extraterritorial no invalida la competencia de los tribunales penales de Estados Unidos.
Ese principio, consolidado en los tribunales durante el proceso contra Noriega, es hoy central en la causa contra Maduro. Los fiscales estadounidenses lo acusan de liderar un sistema de “bandas patrocinadas por el Estado”, de facilitar el narcotráfico a gran escala hacia Estados Unidos y de integrar una red criminal transnacional con protección institucional. En términos jurídicos, los cargos no solo son graves: están tipificados como delitos federales continuados, con impacto directo en la seguridad nacional estadounidense.
La defensa de Noriega intentó bloquear el proceso con una estrategia agresiva. Alegó violaciones al derecho internacional, cuestionó la invasión a Panamá y sostuvo que el exdictador gozaba de inmunidad como jefe de Estado. Ninguno de esos argumentos prosperó. Los jueces se negaron a evaluar la legalidad de la operación militar y se concentraron exclusivamente en los delitos imputados. El mensaje fue contundente: cómo llega un acusado ante la Justicia no anula la potestad de juzgarlo.
Maduro se prepara para recorrer ese mismo camino procesal. Expertos constitucionales anticipan que su defensa invocará inmunidad soberana, debido proceso y nulidad por traslado forzado. Sin embargo, el precedente Noriega es demoledor. En aquel caso, los tribunales se apoyaron tanto en la decisión del poder ejecutivo de negar inmunidad como en la “naturaleza claramente ilegal” de los actos imputados. Narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal no son funciones de Estado, sino delitos comunes agravados por el uso del poder público.
Hay un elemento adicional que endurece aún más el panorama para Maduro. El Departamento de Justicia lo define como “gobernante de facto pero ilegítimo”, una caracterización que refuerza la negativa a reconocerle cualquier estatus protector. En el caso de Noriega, el Departamento de Estado ya no lo reconocía como jefe de Panamá al momento de su arresto. Hoy, la discusión sobre la legitimidad de Maduro juega en el mismo sentido y limita severamente cualquier reclamo de inmunidad.
La arquitectura legal que respalda estas acciones no es nueva. Un memorando clave de 1989, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, sostuvo que el presidente de Estados Unidos tiene autoridad constitucional inherente para ordenar arrestos en el extranjero, incluso si ello entra en tensión con el derecho internacional. Esa doctrina fue decisiva para sostener el juicio contra Noriega y vuelve a ser citada como respaldo para la causa Maduro.
El resultado del proceso contra el dictador panameño fue inequívoco. En 1991 fue declarado culpable, recibió una condena de 40 años —luego reducida, pero sin alterar el núcleo punitivo— y pasó décadas entre cárceles de Estados Unidos, Francia y Panamá. Murió como preso, sin poder, sin influencia y sin capacidad de negociación. El sistema judicial siguió su curso hasta el final, ajeno a presiones políticas o cambios de escenario internacional.
Ese desenlace funciona hoy como advertencia. La acumulación de pruebas, la experiencia previa de los tribunales federales y la voluntad política de avanzar configuran un escenario en el que el margen de maniobra de Maduro es mínimo. La historia demuestra que, una vez activado el engranaje judicial estadounidense contra un líder acusado de delitos federales graves, no hay salida diplomática que revierta el proceso.

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