Martes 12 de Mayo de 2020, 21:24
Si al feminismo radical le faltaba una contradicción más, apareció en el escenario Leticia Lorenzo, la jueza pañuelo verde y experta en lenguaje inclusivo, que se hizo "famosa" por redactar fallos judiciales en "lenguaje feminista" y viralizar la frase "es de machirulo", grandes e invalorables aportes a la lucha por la obtención de los derechos y empoderamiento de la mujer, igual que el fallo que le da vida a esta noticia.
La historia comienza a principios de abril, en medio de este huracán abolicionista y anti-punitivista, cuando Ramón Eugenio Llul, oriundo de Junín de los Andes, provincia de Neuquén, recibió el benefició de la prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus.
El hombre en cuestión había sido condenado a 12 años de prisión por abusar de su nieta desde los 7 a los 11 años y hace muy poco tiempo que estaba tras las rejas.
La medida fue dispuesta por el Tribunal de Impugnación y resuelta por la jueza neuquina del juzgado de garantías de Zapala, la militante feminista Leticia Lorenzo. Antes de tomar la decisión, la jueza solicitó un informe socioambiental (informe sobre cómo y con quiénes va a vivir) y la acreditación de la tobillera electrónica. En dicho informe, la fiscalía indica que el abusador iba a vivir con cinco menores de edad y no había tobillera para colocarle.
En la Audiencia de Prisión Domiciliaria la fiscalía sostiene:
“Se lo condenó por abuso con acceso carnal agravado por vínculo, perpetuado de forma sistemática a un familiar”.
"Cuando se revocó parcialmente la resolución fue sujeta al informe sociambiental y al uso de un dispositivo electrónico de control"
A esto hay que sumarle lo dicho en el informe socioambiental:
“No pude ir al domicilio en sí, pero fui al lugar para verificar que existiera, pero no pude ingresar. Lila (la dueña del domicilio) tiene 40 años, vive con su hijo de 11 años de edad, Thiago. La situación es compleja en tanto que Lila vive en una casa que se subdivide, en la planta alta vive la hija de Llul, Lorena, que tiene dos hijos de 10 y 13 años. En la parte de atrás del terreno vive otro hijo, Ariel Llul, con dos hijos, de 10 y 16 años”.
En este sentido, teniendo en cuenta que no se cumplían ni siquiera las condiciones básicas la fiscalía dijo “entendemos que no están dadas las condiciones de viabilidad atento a las características del domicilio. Viven al menos cuatro menores de edad. El domicilio fue el lugar donde ocurrieron los delitos”.