Denuncia penal a periodista pone en riesgo la libertad de prensa en Tucumán

Domingo, 06 de Diciembre de 2020 21:09

Ataque a la tarea de la prensa en Tucumán



La difusión de causas penales de interés público, y de casos de corrupción política y judicial son la razón de ser de los delitos que el abogado Alfredo Falú imputó a Irene Benito, periodista de La Gaceta, según ella misma manifestó a la fiscal Mariana Rivadeneira.

En una presentación espontánea donde se puso a disposición de la Justicia, Benito defendió su inocencia y advirtió la pretensión de utilizar el sistema judicial para cercenar su voz crítica. “No he cometido ni soy autora de ningún acto ilícito. La realidad es que la denuncia que me formula Falú, con su apariencia de naturaleza penal, tiene otro sentido y finalidad: es un ataque a la libertad de prensa. Por ello mismo debe ser archivada”, expresó la periodista, según publica este domingo La Gaceta.

Benito, que también es abogada, aseguró que era perseguida por defender valores propios del periodismo profesional y de la democracia republicana: la libertad de prensa y la independencia judicial. “Basta con leer la denuncia para advertir muy claramente que a lo que verdaderamente se refiere el abogado Falú es a mi labor en La Gaceta, en especial cuando menciona los casos ‘Rigourd’, ‘Teves’, ‘Pedicone’ y ‘Mayol, en los que me imputa actitudes ‘tendenciosas’ y ‘maliciosas’”, refirió en su presentación este viernes junto a su defensor, Patricio García Pinto.

Y añadió: “lo que el denunciante expone como si fueran ‘delitos’ son informaciones, opiniones y comentarios críticos que La Gaceta brindó a sus audiencias en el seguimiento de procesos judiciales sensibles. En esos casos las publicaciones fueron consensuadas y acompañadas también por notas de opinión de otros periodistas. ¿Cuáles podrían ser las razones para que La Gaceta no haya tenido que publicar nada al respecto?”.

La periodista subrayó que la quieren criminalizar por cubrir, por ejemplo, las repercusiones de las denuncias que el juez Enrique Pedicone presentó contra el vocal Daniel Leiva y que la maestranza especializada Elvira de las Mercedes Mayol formuló contra el vocal Antonio Daniel Estofán. “Se trata de actuaciones donde intervinieron altos magistrados judiciales. No fueron hechos inventados por La Gaceta y por ninguno de sus periodistas, sino que realmente existieron. Además, fueron noticias publicadas no solo con mi firma, sino también con las de otros dos colegas (Federico van Mameren y Álvaro Aurane)”, precisó. Y afirmó que todas las publicaciones de La Gaceta y su propia labor como periodista profesional están respaldadas por fuentes serias emanadas de actuaciones oficiales, judiciales y legislativas, es decir, de los propios protagonistas de las noticias.

“Llama la atención que Falú formule esta denuncia porque La Gaceta y yo lo hemos mencionado muy poco en su actuación profesional. En la causa ‘Teves’ no fue el único abogado interviniente y en otros procesos en los que tuvo alguna participación, los cuestionamientos los hizo el Colegio de Abogados”, afirmó Benito. Y agregó: “resulta muy claro, por lo tanto, que imputándome la comisión de delitos lo que trata de conseguir es que me condenen como criminal, pero por mi actuación como periodista profesional. Pretende que se me condene por lo que hice como periodista y que haya silencio de la prensa en el futuro. La motivación del abogado Falú fluye claramente del texto de su denuncia y de sus aparentes fundamentos penales, porque su intención real es que la prensa guarde silencio cuando se presentan hechos de corrupción en los que están implicados funcionarios públicos”.

En su denuncia Falú imputó a Benito los delitos de administración fraudulenta, atentado y coacción; y también denunció al ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse, quien encabezó la gestión que expuso que la Justicia penal de Tucumán habría sido utilizada con fines extorsivos para obtener beneficios particulares, impugnación que nunca fue esclarecida y que generó la renuncia para jubilarse con el 82% móvil del ex fiscal Guillermo Herrera. Falú sostiene que García Posse habría dispuesto en diciembre de 2015 contratar a Benito a los fines de la escritura de un “libro de estilo” para la redacción forense que, según el denunciante, “nunca apareció”.

También refirió que García Posse es socio e íntimo amigo del abogado Arnaldo Ahumada, defensor del empresario Jorge Rigourd y del juez Enrique Pedicone. “Fue llamativo que García Posse, con la evidente intención de favorecer a Ahumada, incidió para que el Colegio denuncie penalmente una supuesta utilización extorsiva de la Justicia penal; pidió auditorías a la Corte sobre la causa ‘Rigourd’ y hasta promovió un juicio político contra (el ministro público fiscal Edmundo) Jiménez, nada de lo cual prosperó en nuestras instituciones republicanas”. El abogado señaló que la periodista Benito dio amplia difusión “a la estrategia” y que “se crearon falsos personajes con falsos relatos” como Roxana Teves. “Esta perfecta sintonía surge con toda nitidez del modo insidioso y tendencioso con que actuó Benito en las publicaciones de La Gaceta. (...) Todo ese accionar difamatorio representa una intimidación contra quienes intenten o hayan intentando investigar con rectitud”, expresó Falú, quien es uno de los que solicitó la destitución de Pedicone en la Legislatura. El denunciante manifestó que “Pedicone es un reconocido opositor de Jiménez y este denunció penalmente (al juez) en 2018”, afirmó.

En su presentación espontánea de fines de noviembre, García Posse expresó que Falú había falseado los hechos para cobrarse una venganza. El ex titular del Colegio recordó que el libro de estilo fue encargado a Benito por su entidad y el Colegio de Abogados del Sur debido a su trayectoria como docente en redacción jurídica y con la aprobación de los consejeros. García Posse añadió que le constaba que la obra había sido entregada -hace un año- a los titulares de las respectivas instituciones y que los consejeros actuales incluso llegaron a debatir sobre la eventual impresión de la obra. El ex presidente aseguró que debía desecharse la denuncia a los fines de evitar “que esta patraña” perturbara la tarea judicial. “Así se pondrá fin a la irresponsable y vergonzosa aventura de quien pretende engañar a los actores de los Tribunales para justificar su cuestionado desempeño profesional. Es una acusación diseñada y ejecutada con el sólo propósito de venganzas personales. El odio y el resentimiento que profesa Falú se explica por la circunstancia de que a raíz de la actuación del Colegio, y no únicamente de su presidente, mucha gente perdió un gran y turbio negocio”, dijo García Posse.

Benito, quien solicitó a la fiscal Rivadeneira que oficie al Colegio de Abogados para que informe si el proyecto del libro de estilo generó alguna clase de perjuicio económico, reflexionó que la vía de la falsa denuncia intentada por Falú para amedrentarla no era un método novedoso, sino que se trataba de algo común en las democracias débiles y en los gobiernos con sesgos totalitarios. La periodista recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado a los Estados que se abstengan de utilizar la Justicia penal para hostigar a las voces críticas. Sostuvo la Relatoría Especial que “el ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano enfrenta diversos desafíos, como la violencia contra periodistas y comunicadores, aunque también sigue estando amenazado en muchos países por el uso del derecho penal para sancionar la expresión de opiniones y la difusión de información sobre asuntos de interés público o que involucran a funcionarios estatales”.

Benito subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había destacado la necesidad de fortalecer el periodismo para aumentar la transparencia y la responsabilidad de las autoridades. “La Corte IDH dijo que, en una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público que afectan bienes sociales y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas”, citó. Y agregó: “resulta contrario a esto la solapada intención de intimidarme con falsas denuncias en el ámbito penal. Si por temor tuviera que dejar de escribir sobre cuestiones de evidente trascendencia pública, en las que están involucrados funcionarios y personas que voluntariamente se inmiscuyeron en tales asuntos, quedaría afectada la libertad de prensa y desvirtuada la esencia de mi profesión, que ha sido protegida por la Constitución Nacional para evitar toda posible desviación tiránica”.


Respuesta de Falú

El abogado Alfredo Falú envió la siguiente respuesta a la publicación:

1) Quien no respeta la libertad de prensa es G. Irene Benito, porque engaña a la opinión pública con real malicia para difamarme por haberme interpuesto en ejercicio de mi profesión de abogado ante los intereses del grupo que parece integrar.

2) Mi denuncia penal en el Expte. 55189/20 es porque G. Irene Benito saco $30.000 del Colegio de Abogados de Tucumán el 03.12.2015 como anticipo por la redacción de un libro que debía presentar en 2016, y que al momento de la denuncia (19.11.20) no había sido ingresado a dicho colegio, según informaron por escrito su Secret. Adm. Jorge Ludueña el 17.11.20 y su Prosecretario Dr. Pablo Cifre el 19.11.20. García Posse y Benito siguen sin explicar esto.

3) La factura de G. Irene Benito al Colegio por el anticipo cobrado en 2015 fue emitida recién en 2019, ante la exigencia de la actual Tesorera Dra. Liliana Guzmán, quien no pertenece al grupo político del Dr. García Posse.

4) Ahora en la desesperación por salir del pantano en que se encuentran, hablan de un supuesto borrador que se habría redactado en estos días, después de conocida mi denuncia.

5) Además de ese anticipo, Benito cobró del Colegio de Abog. de Tuc. desde 2015 más de un cuarto de millón de pesos por el dictado de cursos. La ética periodística impide escribir sobre aquellos de los que se recibe dinero o cualquier beneficio económico (https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/the-washington-post-renovo-decalogo-etico-profesional_0_S12fCVuyRtx.html).

6) Viene ocultando G Irene Benito a la opinión pública que el Dr. Pedicone falló en 2019 beneficiando a su familia en la causa “Factor S.A. s/ asociación ilícita y otros delitos” Expte. 35997/2016 que ahora se encontraría cajoneada en alguna vocalía de la Corte Suprema. Al respecto, voy pidiendo dos informes en fechas 20.11.20 y 04.12.20 a la Dra. Sbdar, que aún se encuentran incontestados. ¿A quién/es se está protegiendo?

7) ¿Puede ser objetiva Benito al escribir sobre el Juez Pedicone que benefició judicialmente a su familia, y cuyo abogado Dr. A. Ahumada es íntimo amigo y socio del Dr. F. García Posse, quien le habría generado los citados beneficios económicos del Colegio de Abogados?

8) El Código de Ética de FOPEA establece que los periodistas que integran el foro deben buscar la verdad, ser honestos, dar información completa, precisa y no distorsionada, resguardar su independencia (arts. 1 y 2), abstenerse de recibir regalos (art. 7), viajes (art. 28) y de afectar el principio de inocencia de los mencionados en sus notas (art. 35). También que “el periodista sirve al interés público, nunca a objetivos sectoriales ni personales, y se debe considerar a la información como un bien social. El ejercicio de la profesión de un servidor público no lo habilita a la obtención de beneficios personales...” (art. 25), y que “es incompatible con el ejercicio de la profesión del periodista cualquier tipo de actividad que afecte su independencia y el derecho del público de ser informado con honestidad” (art. 29).

Dr. Alfredo Falu, D.N.I. 24.340.734, matrícula profesional 3995.