Investigan al empresario Hugo Sigman, que cobró 53 millones de dólares por 22 millones de vacunas y no entregó ni una sola dosis

Domingo 25 de Abril de 2021, 09:01

Alberto Fernández y Hugo Sigman



El presidente Alberto Fernández, su ex ministro de Salud Ginés González García, la actual ministra Carla Vizzotti y el empresario farmacéutico Hugo Sigman comenzaron a ser investigados por el supuesto delito de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, luego de una denuncia por el controvertido contrato del Estado con Sigman para la producción de vacunas de AstraZeneca en el país.

La causa está en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Guillermo Marijuan, en quien fue derivada la investigación. Fuentes judiciales confirmaron a Clarín las imputaciones y que la fiscalía pidió el allanamiento del ministerio de Salud y el laboratorio Mabxience, de Sigman, para obtener los contratos y las constancias de pago o transferencias de dinero realizadas a causa de ese contrato.
"En este momento se entregan órdenes de presentación para que cumplan con la entrega de estos documentos", dijeron en tribunales en la tarde del viernes.


El expediente se inició con una denuncia presentada esta semana en Comodoro Py por Josefina de Elizalde, en representación del "espacio ciudadano apartidario", Acción Conjunta Republicana, por "malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, durante el proceso de negociación para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, que privilegiaron al empresario Hugo Sigman por sobre otros oferentes.

La denuncia se funda en el hecho de que el Ministerio de Salud admitió haber desembolsado más de 53 millones de dólares sin que al momento hubiera recibido ni una sola de las 22.400.000 dosis de la vacuna comprometidas.

Acción Conjunta Republicana se define como "un espacio federal apartidario que nuclea a ciudadanos argentinos autoconvocados de todo el país y el exterior, en defensa de la independencia de los poderes del Estado y del fiel cumplimiento de la Constitución Nacional", y en su denuncia recuerda que “el vínculo del gobierno con Sigman ha sido motivo de polémica casi desde el inicio de la pandemia. El entonces ministro Ginés González García habría atado toda su estrategia a la vacuna que produce quien sería su amigo, dejando de lado otras negociaciones que podrían haber facilitado las cosas. Recién cuando la vacuna de AstraZeneca tuvo problemas en los ensayos, el gobierno salió de urgencia a negociar con Rusia y China”.

Según la acusación, a la que el fiscal Marijuan le dio curso, “las negociaciones con el laboratorio Pfizer fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública".

Tarragona , que también fue denunciada, al igual el subsecretario de Gestión Administrativa de Salud, Mauricio Monsalvo, fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la esposa de Sigman y cofundadora del Grupo Insud, según publica Clarín.

“Esta negociación se habría encontrado con la voracidad empresarial de Sigman, que con su ascendencia sobre el presidente y el ministro de Salud consiguió que lo consideraran como el ‘Plan A’”, relata la denuncia y prosigue: “Eso le permitiría al país ‘tener prioridad a la hora de acceder’ a las dosis, estimó, disponibles durante el primer semestre de 2021, siendo ambas declaraciones desestima-das por la propia realidad.

“Las declaraciones podrían ser inocuas, si no fuera porque, aunque al momento de la denuncia sigue sin haber llegado ni una sola dosis de la vacuna que se produce en Argentina y México, el gobierno de Alberto Fernández ya le pagó a AstraZeneca y Hugo Sigman el 60 por ciento del con-trato por 22,4 millones de vacunas, lo que supone un desembolso de alrededor de 54.000.000 de dólares norteamericanos”, señala y concluye: “Todo este desmanejo incomprensible ha puesto la salud y la economía de todos los argentinos en jaque.”

La denuncia que motivó el caso se presentó el 20 de abril y mencionó la fallida negociación del Gobierno con Pfizer. Explicó que más allá de las reuniones mantenidas con sus representantes durante el mes de julio de 2020 y el hecho de haber sido seleccionada la Argentina para realizar ensayos de la vacuna creada por ese laboratorio, no se acordó la compra de vacunas ya que González García no prestó conformidad.

Denunció que habría existido un favorecimiento hacia otro laboratorio, AstraZeneca, para la compra de dosis de las vacunas y que se delegó la negociación con Pfizer en Sonia Tarragona, quien anteriormente había trabajado con Hugo Sigman, según publica el diario La Nación.

La denunciante indicó que no se explicaron la razones por las cuales Pfizer no acordó con el Gobierno y que actualmente negocia con Uruguay. Destacó también que desde el inicio de la pandemia, González García habría “atado” toda su estrategia a “la vacuna producida por quien sería su amigo -Hugo Sigman-”, motivo por el cual habría dejado de lado las negociaciones con los otros laboratorios.

“Sin embargo, cuando la vacuna de AstraZeneca tuvo problemas en sus ensayos, el Gobierno debió salir de urgencia a negociar y adquirir dosis de vacunas, y acordó envíos de Rusia y China. Alberto Fernández anunció entonces que en enero legarían 10 millones de dosis.

Sigman, explicó, es el titular del laboratorio mAbxience, fundador, director general y accionista del Grupo Insud; persona que mantendría una relación de amistad con Fernández y González García.

Describió que el 6 de noviembre de 2020 González García habría celebrado con el director general adjunto de AstraZeneca, Greg Mueller, un contrato mediante el cual el laboratorio se obligaba a suministrar 22.431.000 vacunas durante el primer semestre de 2021. Recordó que, en el mes de agosto, el gobierno nacional anunció que la vacuna de ese laboratorio iba a producirse en la Argentina y México, situación que le permitiría al país “tener prioridad a la hora de acceder” a las dosis. Sin embargo, no se recibió ninguna dosis al día de hoy, pese a adelantarse el pago del 60% del contrato correspondiente a las 22,4 millones de vacunas, equivalente a unos U$S 54.000.0000, sostuvo la denuncia.

El fiscal pidió las órdenes de presentación con las que busca hacerse de documentación y, además, envió un correo a la denunciante para que ratifique su denuncia.