FOPEA denunció censura previa contra el sitio web El Tucumano

Jueves 12 de Diciembre de 2024, 13:33

"El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación por un fallo de la Justicia tucumana y advierte que la disposición sienta un precedente peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión. El juez civil Pedro Yane Mana accedió parcialmente a un planteo de la ex jueza de Familia Valeria Brand y ordenó que los medios digitales El Tucumano y Sin Código Tucumán eliminen fragmentos de artículos que contienen expresiones en contra de la ex magistrada, a la vez que se abstengan de realizar nuevas publicaciones que aludan a Brand de manera ofensiva, injuriosa, agraviante o despectiva, bajo apercibimiento de incursionar en el delito de desobediencia judicial", resumió FOPEA.

En ese sentido, el Foro indicó: "En un primer análisis, este pronunciamiento judicial representa una grave afectación del derecho a la libertad de expresión, a la crítica a los actos de los funcionarios públicos y a la prohibición de censura previa. Además, implica una velada incorporación a nuestro sistema jurídico del “derecho al olvido”, que ya fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que carece de regulación legal. Vale recordar que la libertad de expresión goza de una protección reforzada cuando se trata de críticas a funcionarios públicos o temas de interés público, como en este caso. La Corte, respecto del derecho al olvido, fue clara al concluir que “por el paso del tiempo la noticia o información que formó parte de nuestro debate público pierde ese atributo, pone en serio riesgo la historia como también el ejercicio de la memoria social…, aun cuando el pasado se nos refleje como inaceptable y ofensivo para los estándares de la actualidad”".

"La orden judicial de no efectuar nuevas publicaciones que aludan a la ex jueza de manera ofensiva, injuriosa, agraviante o despectiva también resulta contraria a la doctrina nacional e internacional en la materia. Porque si bien algunas expresiones pudieran resultar ofensivas, agraviantes o injuriosas, mientras se mantengan en el ámbito de las opiniones y críticas, no deben ser objeto de censura previa. La Corte nacional reconoce que ante las tensiones entre el derecho al honor y la protección de la libertad de expresión, esta última goza de una protección más intensa “siempre que se trate de publicaciones referidas a funcionarios públicos, personas públicas o temas de interés público por el prioritario valor constitucional que busca resguardar el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran personalidades públicas o materias de interés público”. El estándar de «real malicia» fijado por la Corte Suprema en el fallo «Melo» implica que, para que prospere una acción por daños contra quienes expresan opiniones sobre funcionarios públicos, debe probarse que actuaron con conocimiento de la falsedad o con grave e inexcusable negligencia", enfatizó la citada entidad.

FOPEA analizó que "parece contradictorio que la sentencia exhorte a los demandados a “tener presente” las disposiciones sobre violencia de género, llevando su alcance más allá de lo estrictamente necesario porque confunde la prohibición de toda forma de discriminación contra la mujer con la crítica a su función pública".

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