Famaillá: crímenes, una fuga y cruces judiciales refuerzan el halo de sospechas sobre a la ciudad
Miércoles 16 de Abril de 2025, 05:54
FAMAILLA. La ciudad en la que de la noche a la mañana, aparecen "nuevos ricos" que alimentan las sospechas sobre la proliferación de actividades ilegales.Famaillá, una ciudad ubicada a 42 kilómetros de San Miguel de Tucumán, acumula desde hace dos décadas una inquietante serie de crímenes, sospechas de narcotráfico y vínculos con el poder que no han hecho más que alimentar un clima de temor e impunidad.
Desde desapariciones vinculadas a drogas hasta ejecuciones aún sin resolver, cada hecho parece formar parte de una red subterránea donde el delito, el silencio y la protección política se entrecruzan peligrosamente.
“Han pasado tantas cosas feas en esta ciudad que es preferible no recordarlas”, confesó Juana Martínez, una vecina con más de 70 años en Famaillá. Su temor es compartido por gran parte de la comunidad, y no es infundado.
El 17 de agosto de 2003, Adrián Mansilla fue secuestrado a plena luz del día en la ex Terminal de Ómnibus de Famaillá. Según testigos, un grupo de hombres lo obligó a subir a un vehículo. Semanas después, el testigo Carlos “Pirucho” Chávez confesó haber participado del crimen y señaló a Miguel Ángel “Piki” Orellana —hermano de los dirigentes peronistas José y Enrique Orellana— como el autor intelectual.
La víctima fue asesinada y enterrada en el paraje Sauce Guacho, pero nunca se conoció el móvil real.
El proceso judicial estuvo envuelto en escándalos: cambio de fiscales, denuncias de sobornos y acuerdos millonarios. Aunque los acusados fueron condenados, incluyendo al propio delator, el trasfondo del crimen —aparentemente vinculado a tráfico de cocaína— jamás fue esclarecido.
Doce años más tarde, en 2015, Río Colorado —localidad vecina— fue el escenario de una ejecución doble: los sargentos Alberto Valdez y Ángel Véliz fueron asesinados mientras intentaban verificar una situación sospechosa en la ruta 157. El caso conmocionó a la comunidad.
Sebastián Jaime, uno de los imputados, confesó en pleno juicio que había sido amenazado para inculpar falsamente a José Carlos Acosta y Juan Carlos Tártalo. Acusó directamente a Nicolás Orellana y Samuel Morales, hijo y ex yerno de “Piki” Orellana.
Aunque la Justicia ordenó reabrir la causa, el paso del tiempo y el miedo de los testigos congelaron la investigación. Morales fue detenido años más tarde por causas vinculadas al narcomenudeo, pero “El crimen de los guardianes” sigue impune.
Claudio Ávalos, conocido por sus negocios con el municipio, fue detenido en Bolivia en 2021 acusado de secuestrar a un proveedor de droga que lo había estafado. A pesar de la gravedad del caso, logró acceder a un beneficio de arresto domiciliario y, en marzo de 2022, se fugó. Fue recapturado en Tucumán meses después, pero al no llegar a tiempo la documentación de extradición, debió ser liberado. Desde entonces, se desconoce su paradero.
En mayo de 2024, Lucas Nazaré Córdoba fue detenido por venta de drogas en Famaillá. El fiscal Diego Hevia logró su procesamiento, pero debido a problemas de salud, se le concedió el arresto domiciliario. El reemplazo de Hevia, el fiscal Carlos Sale, recibió luego los resultados del análisis del teléfono del acusado: fotos de numerosos paquetes de droga que indicaban que Córdoba no era un vendedor minorista, sino un distribuidor a gran escala en el sur tucumano.
Sale solicitó que se le revoque el beneficio y que la causa pase al fuero federal. Sin embargo, el juez Marcos Núñez Campero rechazó ambas peticiones, argumentando que las fotografías no eran suficientes para comprobar la escala del delito ni que la salud del imputado hubiera mejorado.
La reiteración de casos vinculados a narcotráfico, desapariciones y ejecuciones impunes ha tejido en Famaillá un entramado de miedo y desconfianza. Muchos vecinos prefieren callar. “Todos saben qué está pasando, pero nadie se anima a hablar”, expresó Juan Carlos Farías. “Vemos cómo algunos que no tenían nada de la noche a la mañana andan en camionetas y con ropa de marca”, denunció Gustavo Guardia.
Los investigadores sostienen que la impunidad alimenta las redes delictivas en la zona. El video intimidatorio de “Yoyi” Basile, donde amenazó con represalias y exhibió una pistola 9?mm, reforzó esa percepción. La aparición reiterada de apellidos de peso vinculados con el poder político, solo profundiza la sospecha de que hay un sistema de protección que permite operar con libertad a quienes se vinculan al narcomenudeo.
Más leídas hoy
Más leídas en la semana
