Un ex secretario penal del Juzgado Federal de Corrientes quedó a un paso de sumar su segunda condena. Pablo Carlos Molina (54)
ahora es juzgado por ordenar escuchas telefónicas ilegales a su esposa
porque sospechaba de una infidelidad con un hombre que había sido su
novio en la década del 90.
El fiscal general Carlos Schaefer y su par coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, solicitaron que el ex funcionario judicial sea condenado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta y especial por una década.
Los
fiscales acusaron a Molina de los delitos de abuso de autoridad,
violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica,
en concurso real. La defensa pidió la absolución.
El fallo se conocerá recién el 29 de julio próximo.
En esa audiencia, Molina tendrá la posibilidad de hablar por última vez
antes de que los jueces Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino
pasen a deliberar para dictar sentencia.
El ex juez federal Carlos Soto Dávila (derecha) y su secretario Pablo Molina (centro)
El caso
Todo
ocurrió a mediados del año 2014. Molina sospechaba de infidelidades de
su esposa en momentos que el vínculo entre ambos no atravesaba por sus
mejores momentos.
El 27 de agosto de 2014, la mujer lo denunció penalmente en Resistencia, Chaco, por amenazas y lesiones.
Apenas dos semanas después, Molina y el juez federal Carlos Vicente Soto Dávila dispusieron la intervención de la línea telefónica de la mujer y de quien el secretario sospechaba que era su amante.
Según
los fiscales Schaefer y Uriona, en su rol de secretario penal, Molina
confeccionó y firmó el 11 de septiembre de 2014 un oficio judicial con
destino a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de
la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), pidiendo que se
hicieran escuchas a su pareja y al amigo de la infancia.
Molina argumentó que esos números de teléfonos serían de personas que integraban una organización narco que era investigada por Gendarmería desde 2013.
Un
oficial de Gendarmería dijo que le resultó extraño porque en ese
expediente se había dispuesto el cese de la investigación tras la
detención de los sospechosos y que los teléfonos que habían intervenido
hasta ese momento eran de Paraguay, provincia de Buenos Aires y Mendoza.
El
hecho se descubrió en marzo de 2019, luego que Molina fuera relevado de
su cargo por beneficiar junto a Soto Dávila a una organización narco
que se había instalado en Itatí.
Cuando los empleados judiciales relevaban los elementos que quedaron en la oficina, se toparon con 28 discos compactos con escuchas realizadas entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.
En gran parte de ellas, aparece el propio Molina insultando y amenazando a su pareja.
Para
el fiscal Uriona, Molina “procuró la intervención ilegal de su pareja y
de un allegado de ésta en una causa en la que ya se había pedido el
cese de la investigación, es decir, que podía lograr el archivo de forma
rápida luego de obtener las intervenciones ilegales”.
En su alegato, Schaefer sostuvo que Molina “utilizó a las instituciones del Estado para su fin espurio, ilegal y violento”
y que “se sirvió de las escuchas para atacar, como quien se sirve de un
arma para disparar. Es decir, usó todos los medios para lograr el
objetivo: saber qué decía su mujer y un particular, para atacar”.
Los
fiscales dijeron que el mismo día en que se dispuso las escuchas
ilegales, Molina y el juez Soto Dávila firmaron “una resolución
prevaricante que le otorgó la exención de prisión al narcotraficante, Carlos Alberto Bareiro, alias ’Cachito’,
líder de la organización que operó por años en Itatí y traficó grandes
cantidad de marihuana a varios lugares del país”. Todo a cambio de un
millón de pesos.
Molina ya tiene una condena de cinco años de prisión por
ser considerado integrante de una asociación ilícita que funcionaba en
el Juzgado Federal y tenía como cabeza a Soto Dávila, quien recibió seis
años por cohecho pasivo y prevaricato.
La
Cámara de Casación Penal dispuso que esa pena sea elevada y ahora la
causa está en la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Schaefer
también quiere que Soto Dávila sea juzgado por las escuchas ilegales.
Es por eso que presentó un recurso de Casación contra la resolución de
la jueza federal María Belén López Mace, que dictó su sobreseimiento,
decisión que fue avalada por la Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes. /Clarín
