Viernes 25 de Abril de 2025, 07:26

SECUESTRO. La Policía logró testimonios de miembros de grupos de WhatsApp en los que se vieron las imágenes de la joven.
Una denuncia por la difusión no autorizada de material íntimo desencadenó este jueves un allanamiento en la ciudad de Simoca, en el marco de una causa por violencia digital y amenazas.
El procedimiento, que arrojó resultados positivos, fue ordenado por la Unidad Fiscal de Abusos Sexuales del Centro Judicial Monteros, a raíz de la denuncia de una joven de 27 años que habría sido víctima de la grabación y viralización de contenido privado sin su consentimiento.
La joven relató que mantuvo una relación sentimental con un hombre mayor que ella, con quien convivió hasta hace poco más de un mes. Tras la ruptura, comenzaron los episodios de hostigamiento: amenazas, presiones y finalmente la circulación de material íntimo grabado durante la relación, presuntamente sin autorización. Parte de ese contenido habría sido difundido a través de grupos de mensajería instantánea y redes sociales, generando un profundo daño emocional en la víctima.
Frente a la gravedad del caso, la Comisaría de Simoca, con supervisión de la Unidad Regional Sur, inició una investigación que permitió recolectar pruebas contundentes. Entre ellas, testimonios de personas que integraban grupos de WhatsApp donde se compartieron los videos, lo que ayudó a confirmar la circulación del material y vincular al sospechoso con la difusión ilegal.Con estos elementos probatorios, se solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por el juez interviniente. La medida se llevó a cabo durante la mañana del jueves en el domicilio del acusado, donde la policía secuestró un celular Motorola modelo G22, que sería el dispositivo desde el cual se habrían compartido las imágenes.
El aparato será sometido a peritajes técnicos con el fin de determinar si fue utilizado para cometer el delito. La causa se tramita bajo los cargos de violación a la intimidad y difusión no consentida de material de contenido sexual, delitos contemplados en el Código Penal tras la incorporación de la llamada "Ley Olimpia" en Argentina.
Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia en este tipo de casos y subrayaron el compromiso del Ministerio Público Fiscal para avanzar en la persecución de delitos de violencia digital y garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
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