El femicida del Mercofrut ya sabe que pasará los próximos seis meses preso, y que le espera toda una vida tras las rejas

Sábado 03 de Mayo de 2025, 07:40

TRAS LAS REJAS. El imputado Carlos Alvaro Jerez, y la jueza de instrucción Isolina Apas Perez de Nucci, durante la audiencia en la que se le aplicó seis meses de prisión preventiva.



Carlos Álvaro Jerez, de 45 años, fue imputado por el femicidio de su ex pareja, María Verónica Leal (40), y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación por el segundo crimen de género registrado en lo que va de 2025 en Tucumán. La víctima había denunciado violencia doméstica apenas nueve días antes de ser asesinada a puñaladas en un descampado del Mercofrut.

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale. En la audiencia de formulación de cargos, la auxiliar fiscal Luz Becerra presentó la acusación contra Jerez por homicidio doblemente agravado, por el vínculo con la víctima y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

Según la acusación, el crimen ocurrió el miércoles 30 de abril entre las 5.30 y las 6 de la mañana, cuando Verónica se dirigía a su trabajo en un bar del Mercofrut. Al atravesar un predio descampado, fue interceptada por su ex pareja. El agresor la golpeó con violencia en la cabeza y luego la degolló con un arma blanca, provocándole múltiples heridas punzocortantes, una de ellas de 18 centímetros de longitud y tres de profundidad, que afectó la vía aérea superior.

Tras el crimen, Jerez abandonó el cuerpo en el lugar e intentó borrar evidencias. Sin embargo, su coartada comenzó a desmoronarse cuando los investigadores notaron lesiones recientes en su rostro. Además, se halló ropa ensangrentada escondida en una bolsa colgada de un árbol cerca del lugar del crimen.

La relación entre Jerez y Leal había estado marcada por años de violencia física y psicológica, según denunció la víctima en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) el 21 de abril. “Me pegó piñas en la cara, me dejó el ojo morado, me dio patadas en los pulmones, me ahorcó muchas veces”, declaró Verónica ante los profesionales de la OVD.

Pese a ese testimonio, el informe calificó el caso como riesgo medio y lo derivó a la Defensoría Oficial Civil. Allí, Leal expresó su deseo de que Jerez se fuera de la vivienda que compartían, pero no avanzó en la denuncia penal. La víctima vivía con sus hijos y con su agresor, de quien se había separado hacía meses, pero aún compartían domicilio.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo abierto cervical, compatible con una agresión deliberada. Jerez, quien había sido pareja de Leal durante 16 años, fue señalado como principal sospechoso desde el principio. Incluso su propia rutina cambió tras el crimen: lavó ropa a las 7 de la mañana, algo inusual según los familiares, y regresó más tarde al lugar del asesinato con una bolsa que luego desapareció.

La fiscalía reconstruyó los hechos con cámaras de seguridad y testimonios, entre ellos el de Ricardo Pérez, actual pareja de Verónica, quien confirmó que ella buscaba formalizar la separación y que había hecho gestiones judiciales para dividir la vivienda.

Durante la audiencia, Becerra solicitó que Jerez fuera privado de su libertad durante seis meses por riesgo de entorpecimiento de la investigación y para proteger a los hijos menores de la víctima, quienes aún residen en el mismo domicilio. La jueza Isolina Papás Pérez de Nucci hizo lugar al pedido y ordenó el traslado del imputado a una unidad penitenciaria, donde permanecerá hasta fines de octubre.

Este caso volvió a encender las alarmas sobre las fallas en los sistemas de protección a víctimas de violencia de género en Tucumán. A pesar de haber recurrido a las instituciones, Verónica Leal no recibió la asistencia urgente que su situación requería, y hoy forma parte de una estadística que sigue creciendo.

El femicidio de Verónica es el segundo en lo que va del año en la provincia. El primero fue el de Gabriela Mercedes Arroyo, asesinada el 2 de marzo por su pareja, quien también permanece detenido. Ambos casos evidencian la urgente necesidad de mejorar los protocolos de respuesta institucional ante situaciones de violencia doméstica, especialmente cuando existen antecedentes y denuncias formales.