El valor del aforo, límite en el que el contrabando pasa a ser delito, genera un inesperado debate
Martes 13 de Mayo de 2025, 06:01
CONTRABANDO. Un juez federal fijó un valor más alto del aforo, pero un fiscal se opuso y generó una inesperada controversia.Un fallo judicial dictado en Tucumán podría marcar un antes y un después en la lucha contra el contrabando en Argentina. El juez federal José Manuel Díaz Vélez resolvió actualizar el valor del aforo —el monto que distingue una infracción aduanera de un delito de contrabando— y fijarlo en $14,1 millones.
La decisión fue apelada por el fiscal Agustín Chit y ahora deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones. De quedar firme, miles de expedientes pasarían a la órbita de la Dirección General de Aduanas, aliviando la sobrecarga del sistema judicial y acelerando los procesos de decomiso.
El aforo es el valor que determina si el ingreso irregular de mercadería extranjera configura una simple infracción o un delito penal. Según la normativa vigente, cualquier decomiso por debajo de los $ 500.000 se considera infracción aduanera: el infractor puede recuperar la mercadería abonando su valor más impuestos y multas. Por ejemplo, un celular secuestrado con un aforo de $ 300.000 implicaría un pago de $ 750.000 para recuperarlo.
Sin embargo, si el valor supera los $ 500.000, la conducta se tipifica como contrabando y pasa al fuero penal federal. El problema es que el monto de aforo fue fijado en 2017 y nunca se actualizó, pese a los vertiginosos procesos inflacionarios. Hoy, cada bulto de mercadería decomisada está valuado en alrededor de $ 750.000, y un solo kilo de hojas de coca —producto frecuentemente secuestrado en el marco del Operativo Lapacho— supera los $ 57.500.
El caso que encendió la polémica tuvo lugar durante un control de rutina, cuando un hombre fue interceptado transportando 25 kilos de hojas de coca. La valuación oficial elevó el decomiso por encima de los $ 600.000, lo que derivó en la apertura de una causa penal por contrabando. Sin embargo, Osvaldo Acosta, responsable local de la Aduana, solicitó formalmente la actualización del aforo.
El pedido fue rechazado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), respaldando la posición del fiscal federal Agustín Chit. A pesar de ello, el juez Díaz Vélez tomó una decisión sin precedentes: aplicó criterios de jurisprudencia de otras jurisdicciones y elevó el aforo a $ 14,1 millones. Bajo ese parámetro, el caso deja de ser un delito penal y se encuadra como una infracción aduanera. El magistrado, entonces, se declaró incompetente para seguir interviniendo.
La decisión fue apelada por la Fiscalía y ahora la Cámara Federal de Apelaciones tiene la última palabra. Si confirma la postura del juez Díaz Vélez, el nuevo valor de aforo podría ser tomado como jurisprudencia en todo el país. Esto obligaría a la Justicia Federal a declararse incompetente en miles de causas abiertas en los últimos años por contrabando menor.
“El impacto sería enorme”, reconocen fuentes del fuero federal. Por un lado, la Aduana tendría mayor autonomía para aplicar multas y gestionar de forma ágil el destino de la mercadería, ya sea su remate o su donación. Por el otro, el sistema judicial reduciría drásticamente la cantidad de causas de baja complejidad, permitiendo enfocar recursos en delitos más graves. “Nos quitan tiempo y recursos cuando más los necesitamos”, reconoció una fuente judicial.
Mientras crece el ingreso irregular de productos extranjeros —especialmente textiles, calzado y hojas de coca—, el sistema judicial y la Aduana se enfrentan al dilema de modernizar los parámetros con los que operan. La actualización del aforo no solo es un debate técnico, sino una respuesta urgente a una realidad económica que se ha transformado profundamente desde 2017.
De prosperar el fallo, Tucumán podría convertirse en pionera de un cambio estructural en la forma en que se combate el contrabando en Argentina.
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