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Menores fuera de la ley: cuál es incidencia real que tendría bajar la edad de imputabilidad en Tucumán
Lunes 19 de Mayo de 2025, 06:10
En medio del debate nacional sobre la posible reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, datos oficiales y voces especializadas en Tucumán advierten sobre la escasa participación de adolescentes en hechos delictivos y la necesidad de políticas públicas centradas en la protección antes que en el castigo.
Según cifras difundidas por organismos provinciales, apenas seis menores se encuentran actualmente privados de su libertad en el Instituto Roca, lo que representa apenas el 0,17% del total de la población carcelaria de la provincia, estimada en más de 3.500 personas.
Este dato cobra relevancia en el marco del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, que ya obtuvo dictamen en comisión y busca bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años. Si se aprueba, los adolescentes de 14 años en adelante podrían ser juzgados como adultos.
Sin embargo, según estadísticas oficiales, las denuncias contra menores de 16 y 17 años representan apenas un 2,5% del total de delitos cometidos por adultos en el país. Es decir, la incidencia juvenil en la inseguridad general es mínima.
En Tucumán, el escenario es aún más revelador. Andrea Salinas, subdirectora de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio de Desarrollo Social, explicó que el Instituto Roca aloja actualmente a seis adolescentes entre 16 y 17 años, cinco de ellos detenidos por delitos contra la propiedad (robos) y uno por homicidio.
“En junio y julio del año pasado tuvimos un pico de 15 internos, pero después ese número se redujo. La incidencia de los menores en el delito es bajísima y no puede asociarse directamente a los problemas de inseguridad”, afirmó.
Uno de los casos que más impacto causó a nivel nacional fue el del niño apodado “Pequeño”, un menor de apenas 12 años que en 2020 fue filmado en Tucumán mientras disparaba armas de fuego reales y amenazaba con “matar a todos”. El video recorrió el país y generó conmoción, instalando una fuerte discusión sobre la violencia infantil. Sin embargo, especialistas advirtieron que casos extremos como ese no representan la realidad general de los adolescentes en conflicto con la ley, y que centrarse en ellos para justificar reformas punitivas puede distorsionar el debate público.
El sistema actual permite que los menores de entre 14 y 16 años que cometen delitos no sean penalmente responsables, pero reciban medidas de protección y seguimiento. “Buscamos que vuelvan a la escuela, que puedan construir un proyecto de vida, y evitar que repitan conductas delictivas. No creemos que lo punitivo resuelva el problema. Hay que apuntar a la inclusión, no a la exclusión”, enfatizó Salinas.
En paralelo, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) también expresó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo nacional. En un comunicado firmado por su presidenta, la tucumana Marcela Ruiz, y su secretario general, Christian Fabio, la entidad calificó a la iniciativa como una “regresión normativa” y advirtió que “contraviene principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño”.
“La FAM insta a un debate legislativo y social serio, basado en evidencia, y con la participación de expertos, para construir políticas públicas eficaces y respetuosas de los derechos humanos”, cierra el documento.
La propuesta para bajar la edad de imputabilidad sigue generando fuertes cuestionamientos desde los sectores especializados en justicia penal juvenil. En Tucumán, las estadísticas y la experiencia del equipo del Instituto Roca parecen respaldar una postura clara: la problemática de la inseguridad no se resuelve con medidas punitivas sobre los más jóvenes, sino con políticas que promuevan el acompañamiento, la inclusión social y el fortalecimiento de los derechos.
“La FAM insta a un debate legislativo y social serio, basado en evidencia, y con la participación de expertos, para construir políticas públicas eficaces y respetuosas de los derechos humanos”, cierra el documento.
La propuesta para bajar la edad de imputabilidad sigue generando fuertes cuestionamientos desde los sectores especializados en justicia penal juvenil. En Tucumán, las estadísticas y la experiencia del equipo del Instituto Roca parecen respaldar una postura clara: la problemática de la inseguridad no se resuelve con medidas punitivas sobre los más jóvenes, sino con políticas que promuevan el acompañamiento, la inclusión social y el fortalecimiento de los derechos.