Sábado 07 de Junio de 2025, 07:32
La disputa por tierras fiscales en La Quebradita, en Tafí del Valle, volvió a escalar luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo ordenara recuperar propiedades estatales que están en manos de particulares. Una de las familias afectadas es la de Hugo Salomón Yapura, quien reside en un terreno de más de cuatro hectáreas que hoy está bajo litigio judicial.El predio, identificado bajo el padrón 682.474, fue ocupado por la familia Yapura desde 1963, cuando
Hugo Alfredo Yapura —padre del actual ocupante— comenzó a cultivar verduras como jornalero, utilizando el terreno tras la sugerencia del ingeniero
Guillermo Torres Posse, vecino de la zona. Con el tiempo, pasaron de una choza precaria a una casa de material construida hace cinco años. Actualmente, viven allí
Hugo Salomón, su esposa y sus tres hijos menores.
El conflicto legal comenzó hace años, cuando el Poder Ejecutivo provincial inició un juicio de reivindicación sobre la propiedad. Esta semana, el Gobierno tomó posesión de otro sector del mismo padrón, ubicado entre la ruta 307 y la avenida San Martín, donde se había proyectado construir un helipuerto. Al constatar que ese predio no estaba ocupado, se procedió —con intervención de un juez de paz— a instalar carteles indicando que se trata de un espacio verde propiedad del Estado.
En cambio, el terreno que habita la familia Yapura permanece cercado con cinco hileras de alambre y delimitado por una tranquera de madera. Dentro se encuentra una casa con siete ventanas, una galería y varios vehículos. Salomón, empleado municipal, aseguró que personal de Catastro visitó recientemente la zona, pero no mantuvo contacto con los habitantes. “Se quedaron en la calle, pusieron carteles, tomaron fotos desde lejos, pero nunca se acercaron”, señaló.
Aunque se define como “jornalero”, Hugo Salomón aparece en fotos oficiales junto a autoridades municipales y provinciales, y en publicaciones de la Municipalidad de Tafí del Valle figura como coordinador de agrupaciones gauchas.
El terreno ya no se utiliza para cultivos, pero la familia sostiene que no hubo usurpación alguna. “De chico ayudaba a mi papá. Pagábamos la cuota de irrigación. Esta es una casa que siempre tuvo mi padre”, declaró Salomón. Recordó que la tierra fue aprovechada durante décadas como sustento agrícola y cuestionó la repentina intervención: “Hace una semana recién aparecieron. Si nos sacan, ¿dónde vamos a ir? No podemos quedar debajo de los árboles”.
La preocupación también alcanza a otros residentes del lugar. “Todos nos preguntamos qué va a pasar. ¿Por qué esto solo cae sobre nosotros, los lugareños, los pobres? ¿Por qué no se actúa igual con los que tienen plata o con funcionarios?”, cuestionó Salomón, mientras mostraba un sendero que pasa frente al terreno y que, según él, estaría incluido dentro del cerco.
El conflicto por estas tierras fiscales aún no tiene una resolución definitiva. Mientras tanto, la tranquera permanece abierta, la casa sigue habitada y la incertidumbre continúa.