Los argumentos a los que llegó la OA tras tres meses de investigación son los mismos que brindó el gobierno desde un comienzo del escándalo, al separar a Milei y su rol como presidente de sus actividades en X.
De acuerdo al documento,
"la utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública"Asimismo, agrega que
Milei "no violó" dicha ley ya que no se probó que haya recibido beneficio personal alguno por postear el contrato. /
Clarìn