El otro riesgo país: tras el 1 a 1, Argentina solo respetó durante un año los contratos de luz y gas

La Argentina vivió desde el fin de la Convertibilidad y hasta ahora sin respetar los contratos de concesión de los servicios públicos con empresas eléctricas y de gas. La excepción fue la regla. Y es uno de los motivos del alto riesgo país, que impide al Tesoro refinanciar sus deudas a tasas de interés accesibles.
Carlos Nino, asesor del ex presidente Raúl Alfonsín, publicó en 1992 el libro "Un país al margen de la ley", en el que concluyó que el permanente desacato a las reglas es uno de los principales motivos del "subdesarrollo" argentino. Desde enero 2002, cuando se terminó la paridad "1 a 1" del peso y el dólar, se pesificaron los contratos, se congelaron las tarifas y el Estado nacional tuvo discrecionalidad para definir las boletas de la luz y el gas.
En este lapso, solamente durante un año y medio -entre abril 2017 y octubre 2018- rigió el pleno respeto a los contratos de concesión, con normalidad institucional en los entes reguladores, Revisión Tarifaria Integral (RTI) con obligaciones a 5 años y actualización periódica de las tarifas según consta en las leyes 24.065 y 24.076.
Recién desde este viernes 6 de junio se normalizaron las tarifas -tras aumentos-, con la vigencia de las pautas de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) en los servicios de transporte y distribución eléctrica y de gas. La fórmula: tarifas garantizadas y actualización mensual por inflación a cambio de inversiones y mejoras en la calidad de las prestaciones.
Pero el gobierno de Javier Milei prorrogó durante esta semana la "emergencia energética" hasta el 9 de julio 2026, que le da potestad de intervenir instituciones como los entes reguladores, que deberían tener un directorio elegido por concurso público. También puede asignar los subsidios con el criterio político que necesite de cara a las elecciones, sin que los precios de la energía que pagan los usuarios reflejen los costos de producción y sus importaciones.
Aunque el norte de Milei es justo la contracara de lo que pasó en las últimas décadas, esta herramienta que tiene en sus manos por un año más es la misma a la que acudieron los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, un año de Mauricio Macri y todo el período de Alberto Fernández.
El ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren (2015-2018), que al asumir dispuso una emergencia energética por 2 años hasta fines de 2017 para avanzar en una normalización, sostiene: "El riesgo país es consecuencia de esto. Nos cuesta dar cumplimiento a las leyes, siempre encontramos justificación de por qué no hay que cumplir, y eso explica nuestros males. Tenemos poco apego a lo establecido. Normalizamos la emergencia y vivimos en emergencia continua. Así nos va".
Aranguren valora que hubo avances en que las tarifas reflejen los costos, aunque todavía falta para el 100%, y critica que los entes reguladores sigan con interventores designados por el gobierno en vez de directores elegidos mediante concurso público. "Con la emergencia, el Poder Ejecutivo puede operar a discrecionalidad, enmarcar decisiones energéticas en un objetivo superior como el de bajar la inflación y tener carta libre para suspender los marcos regulatorios si algo no lo puede controlar", concluye.
Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y ex subsecretario de Hidrocarburos (2019-2021), explica: "Si no se hacen revisiones tarifarias, no se establecen bases de calidad, inversiones y rentabilidad. Todo queda en el rango de la discreción, la negociación uno a uno entre Estado y empresas. Y esas negociaciones a la baja impactó en la calidad de los servicios públicos, ya que con pocos ingresos, las empresas hicieron pocas obras, incluso el Estado llegó a pagar los sueldos"
Y Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria Consultores y ex gerente General del Banco Central (BCRA), plantea: "Los actuales marcos regulatorios solo tuvieron continuidad durante los años ’90, en un contexto de mucha estabilidad macroeconómica. La volatilidad macro es muy difícil de gestionar y es común que los gobiernos suspendan mecanismos de ajuste e indexación de contratos. El kirchnerismo abusó de todo esto".
"Las consecuencias son un sistema energético frágil, expuesto a problemas y creciendo poco. Hacia adelante, lo importante es que la macro ayude y que los gobiernos respeten lo que firman y también hagan cumplir las obligaciones contractuales", considera Gadano. Y agrega: "Después de defaultear las exportaciones de gas a Chile, ahora las empresas quieren esperar antes de creer en la Argentina". /Clarìn