La
Justicia Federal ordenó la "inhibición general de bienes" a los dueños
de los laboratorios y las droguerías sospechadas por el caso delfentanilo contaminado, por el que se investigan por lo menos 52 muertes ocurridas en centros asistenciales de Argentina.
También
tienen prohibición de salir del país, por lo tanto quedan imputados en
el proceso penal que intenta determinar las responsabilidades de este
episodio sanitario.
El juez Ernesto Kreplak,
a cargo de la investigación, ordenó "congelar" los movimientos de
dinero e inmuebles y otras propiedades de 25 personas y nueve empresas.
Están en la lista los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro, la madre de ellos, Nilda, y otros familiares directos.
También
se restringe la posibilidad de movilizar fondos a personas que actuaban
como directivos, directores técnicos y otros empresarios que realizaron
operaciones de traspaso de acciones de las firmas sospechadas.
La medida se difundió este jueves, luego de que los contactos políticos del juez Kreplak con el kirchnerismo eran
los mismos del dueño de los laboratorios implicados, Ariel García
Furfaro.
Además,
figuran en el escrito, al que tuvo acceso este diario, los directores
técnicos de ambos laboratorios -HLB Pharma y Ramallo-, los directores de
microbiología de ambos establecimientos, los de mantenimiento, los
jefes de ampolla de Laboratorios Ramallo y de todas las sociedades que
integran los García Furfaro.
Según pudo averiguar Clarín,
desde el 23 de mayo, todas estas personas tenían prohibición de dejar
el país por su presunta responsabilidad -directa o indirecta- en el
episodio que terminó con el fallecimiento de pacientes a quienes les
suministraron fentanilo del laboratorio HLB Pharma.
Técnicamente,
estas restricciones judiciales hacia esas personas implican que, para
la Justicia, existe una sospecha sobre algún posible delito. Sin
embargo, la información no se dio a conocer hasta este jueves. Ninguno
de los afectados por la medida fue citado a declaración indagatoria
hasta ahora. /Clarín