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El monumental negocio de La Salada y las impactantes cifras que recaudaban tres familias
Sábado 12 de Julio de 2025, 09:28
El procesamiento sacó a la luz una estructura familiar y coordinada para -según la acusación- ocultar una cifra descomunal de dinero obtenido de los negocios alrededor de La Salada: entre efectivo, depósitos e inversiones, el patrimonio en juego es de $ 37.258 millones y US$ 3.127.587. Además de 50 propiedades.
Del total de implicados (que son 22), cinco fueron procesados con prisión preventiva en un penal. Uno es Jorge Omar Castillo (68), quien pasa sus días en el penal de Marcos Paz.
"Él está bien", aseguró su abogado, César Albarracín, que indicó que la defensa ya presentó el pedido de apelación ante la Cámara de Casación al considerar que el procesamiento "no tiene ninguna base razonable porque la imputación no tiene base razonable".
Otros imputados son Alan Emmanuel Antequera (30), Lucas Gonzalo Antequera (27), Carlos Guillermo Carrión (21) y Hugo Nicolás Picca (40), quienes continuarán en la cárcel.
Ocho fueron procesados, pero con prisión domiciliaria, entre ellos Presa (68) y Corrillo Torrez (75), los socios de Castillo en la creación de Punta Mogote.
Además, otros siete fueron procesados aunque seguirán en libertad. Y hay dos prófugos: Enrique "Quique" Antequera y su socio Edwin Saravia Rodríguez.
¿Cómo funcionaba la organización?
Cuando se concretaron las detenciones, la feria más grande de Latinoamérica fue clausurada. Pasó casi un mes hasta que volvieron a abrirla y ahora continúa funcionando, pero intervenida.
Mientras muchos de los feriantes buscan reinventarse dejando de lado la falsificación de marcas para continuar comercializando sus productos en La Salada, la Justicia procesó a la banda por una estructura multimillonaria.
La Salada nació con tres predios con puestos que se fueron extendiendo en un universo que gira alrededor de la comercialización de ropa y otros textiles. De Punta Mogote, Ocean y Urkupiña se expandieron, primero, a puestos en la calle.
Ese negocio generó, en 2017, una investigación de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires que apuntó contra Castillo, que estaba acusado de coordinar y administrar a través de barrabravas, mediante amenazas y extorsión los precios y los alquileres de todos estos puestos y servicios ilegales.
Dos años después, Castillo ya había quedado bajo la mira de la Justicia Federal luego de que AFIP lo denunciara por la supuesta evasión de $ 350 millones.
Maneja millones en el complejo de ferias en Lomas de Zamora.
El Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, lo procesó por lavado de dinero, evasión impositiva, asociación ilícita y violación de la ley de marcas.
La Cámara Federal de La Plata lo excarceló, sostuvo la acusación sólo por la evasión impositiva y le dio prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Por ninguna de esas dos causas, Castillo fue llevado a juicio.
Pero esa intervención de la Justicia derivó en una modificación de la estructura de La Salada. Galerías, casas convertidas en locales para alquilar y vender productos y estacionamientos, baños o cocinas abiertas fueron "formalizando" de alguna manera un negocio que ya es mucho más que los tres predios de la feria.
El abogado de Castillo cuestionó la acusación por la venta de productos falsificados ya que "pretenden atribuirle la responsabilidad de lo que hacen los puesteros, cuando en realidad en eso él no tiene ninguna injerencia, no participa del circuito productivo".
Albarracín también aseguró que su cliente ya no tiene injerencia en Punta Mogote, la feria que administraba, y que Aldo Presa y Corrillo Torrez, sus ex socios, lo "echaron" cuando fue preso la primera vez.
Mencionó entre ellos "una enemistad manifiesta". Por eso, según la defensa, no podría haber una asociación ilícita que los incluya porque "no tienen relación" entre ellos ni en sus negocios.
Según el expediente, Jorge Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez eran los encargados de liderar la organización de La Salada, que funciona desde 2008.
"A través de la sociedad Punta Mogote S.C.A. y su socia mayoritaria UNIFAP S.A., se conformó un circuito de mercado ilegal, consistente en la comercialización, alquiler y venta de puestos destinados a terceros para la comercialización cotidiana de productos con marcas adulteradas y falsificadas", describe la acusación.
Además, gestionaban la "seguridad de los locales y de las personas, la venta de servicios de publicidad, entre otros, mediante las cuales obtenían grandes sumas de dinero y distintos bienes".
Las tres familias
El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 procesó a los acusados. En la solicitud, la fiscal describió una estructura familiar con ganancias millonarias, dedicada a crear empresas y comprar bienes para "blanquear" el dinero recaudado de manera ilícita.
“No solo se han detectado diversos hechos de lavado de activos cuya fuente inicial sería la evasión fiscal. (...) Castillo, Presa, Corrillo Torrez, Enrique y César Antequera y Edwin Saravia son los principales organizadores e impulsores de estas empresas que generaron a lo largo de treinta años dos estructuras donde, de manera permanente, miles de personas cometen delitos diariamente", argumentó Incardona.
De acuerdo a la acusación de la Justicia, "lograron consolidar la informalidad y clandestinidad que caracterizan a ‘La Salada’ desde sus inicios, ofreciendo la impunidad necesaria para la comisión continua de diversas actividades ilícitas dentro y en los márgenes de la feria”.
La organización se divide entre tres grupos familiares con distintas tareas para administrar los negocios y para ocultar ganancias sin justificar a través de La Salada. Las familias Castillo, Presa y Antequera son los núcleos de una estructura que se ramifica, de acuerdo a la investigación de la Justicia.
Jorge Castillo se autoproclamaba "Rey de La Salada" en las escuchas telefónicas que presentó la Justicia, además de reconocer que del alquiler de los locales obtenían 300 mil dólares mensuales, a razón de “mil y pico de dólares de renta por mes”.
Junto a su pareja, Natalia Paola Luengo (42), coordinaban las ganancias de al menos 1.200 puestos entre puestos de La Salada, Mendoza y Flores, donde compraron inmuebles. Ella se dedicaba a controlar y recibir el dinero, también organizando las finanzas.
El objetivo de Luengo era que Manuel Jorge Castillo (21), el hijo de la pareja, heredara el negocio . Es quien presidía formalmente "La Salada Pagos S.A.", "Paseo de Compras Mogote S.A." y "Desarrollo Inmobiliario del Oeste S.A.", todas empresas -según la acusación- usadas para lavar activos.
El dinero recaudado por explotación comercial de Punta Mogote , Mogote Factory y Olimpo era trasladado por una empresa de transporte propia directamente a la casa de Castillo, donde contaban "millón por millón".
Margarita Nilda Arrieta (70), suegra de Castillo y madre de Luengo, tenía locales a su nombre para evadir la inhibición que pesaba contra su yerno y cobraba por su alquiler.
La familia de Aldo Presa también funcionaba, siempre de acuerdo a la acusación fiscal, de manera orquestada. Guadalupe Presa (37), su hija, administraría negocios del grupo familiar como contadora. Manejaba libros y balances de las sociedades. Además de participar de la compraventa de propiedades. "Yo soy la que sabe lo que tienen mis viejos, ni siquiera ellos saben lo que tienen", dijo y fue captada en una escucha.
María Mora Presa (35), la otra hija, ocupaba un rol directivo como presidenta de una de las empresas. Igual que María Sara Corigliano (66), la esposa de Aldo.
Los Antequera tenían una estructura simular a los Presa y los Castillo. Enrique "Quique" Antequera era el líder y ahora está prófugo. Su hijo Alan Antequera era el recaudador de alquileres y por la venta de puestos en la feria Urkupiña. Fundó la empresa "Alkiluce S.A." junto a su hermano Lucas, su padre y su tío para el resguardo de mercadería y carros.
Lucas, además, aparece en la investigación como testaferro de su tío, César Francisco Antequera (50), quien es hermano de "Quique" y fue vicepresidente de Urkupiña S.A.
Mary Saravia, accionista de Urkupiña S.A. junto a Quique Antequera. Es hermana del prófugo Edwin Ramiro Saravia Rodríguez, el presidente de la empresa, quien administraba y depositaba el dinero recaudado en la feria.
Ganancias millonarias
Vehículos de alta gama secuestrados cundo detuvieron a Jorge Castillo.
El dinero ostentado era obsceno, viajes a Dubai y a Maldivas, autos de alta gama y propiedades en todo el país.
Luengo era la encargada de recibir los traslados de dinero en efectivo en su casa, y su primo Oscar Arrieta el encargado de trasladarlo. En el allanamiento en su casa encontraron un millón de pesos en efectivo y dos mil dólares, el pago que recibiría por los traslados.
En una escucha telefónica entre Luengo y su madre, quedó probado el manejo del dinero en la casa familiar. "Menciona que una mujer le llevó 47 bultos de dinero y que lo contaron ’millón por millón’". Su mamá le respondió que según comprobantes de transferencia, "debería haber recibido 1,6 millones de pesos, pero solo recibió un millón".
Jorge Castillo aparece registrado con cargos directivos o como socio mayoritario en al menos 20 empresas, su pareja en 13 y el hijo de ambos en cuatro. Corrillo Torrez, en dos. Presa, en cuatro.
Los millones de las familias
A Castillo le secuestraron $ 46.516.000 y US$ 12.956. Tenía depositados otros $ 12 millones. Y su suegra otros $ 39 millones. Además, 22 propiedades, entre predios y viviendas, y hasta un colegio en construcción. También, 13 vehículos registrados a su nombre, incluyendo cuatro de alta gama.
La familia Presa, que incluye a Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez, María Corigliano, Guadalupe Presa, María Presa, junto con Marcelo Jorge Fernández Zurdo (57) y Rubén Javier Arjovsky (70), también acumula grandes cantidades de dinero. La acusación les adjudica $ 133.886.150 en efectivo, US$ 2.717.767, 3.920 euros y 2.922 reales. Y detectaron depósitos y movimientos bancarios por $ 27.356 millones y US$ 384.430.
A los Antequera (Enrique Esteban, César, Alan Emmanuel y Lucas Gonzalo Antequera) y sus colaboradores (Edwin Saravia Rodríguez, Carlos Carrión, Hugo Picca, David Heinze y Mabel Islas) les secuestraron $ 5.532.500 y US$ 5.390. Les detectaron depósitos e inversiones bancarias por $ 21.030 millones y US$ 100.000.
Además, se identificaron al menos 14 inmuebles, 10 vehículos (entre autos, motos y camionetas), dos embarcaciones y propiedades no declaradas, incluyendo un galpón con 160 bauleras que genera ingresos mensuales por $ 7.200.000.
Entre efectivo, depósitos e inversiones, el patrimonio en juego es de $ 37.258 millones y US$ 3.127.587. Además de 50 propiedades. /Clarín