Revés para la Argentina. La jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido que hizo la Argentina de suspender su fallo, el que le obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de la petrolera por la irregular estatización que realizó el kirchnerismo en 2012.Se esperaba esa definición dado que este lunes 14 de julio era la fecha límite original para que el país deposite las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en cumplimiento de la sentencia dictada por Preska.
“El lunes era la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York”, señaló
Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors que sigue de cerca la causa judicial.
El país no esperó la respuesta de la magistrada sobre si suspendería o no el fallo, al que Burford se opuso luego del pedido argentino. El fondo buitre solicitó que no haga lugar a la petición, ya que esgrimió que pondría en peligro los derechos de los demandantes. De esa manera, el Estado avanzó en la presentación de la apelación.
“La Argentina acaba de iniciar el proceso formal de apelación a la orden dictada por Preska, requiriendo la entrega de las acciones de YPF. En paralelo a ello, se encuentra pendiente la decisión de la jueza sobre el pedido de suspensión de la medida”, le explicaron a Clarín la semana pasada fuentes oficiales.
Burford está dispuesto a sentarse a dialogar y negociar quitas en un acuerdo extrajudicial para cobrar menos, pero antes. Sin embargo, el Gobierno le cerró la puerta. El Estado apelará hasta la última instancia.
El principal argumento del fondo es que la Argentina no cumplió con las condiciones previas fijadas por el tribunal para evitar la suspensión del fallo de septiembre de 2023, en el que Preska condenó a la Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones en concepto de indemnización, cifra a la que se le suman los intereses acumulados a la fecha de US$ 1.650 millones, equivalentes a US$ 3 millones diarios.
Según Burford, la Argentina no depositó ninguna garantía ni ofreció poner las acciones de YPF bajo custodia judicial, como exige la norma federal y la ley de Nueva York, por lo que consideró que la suspensión del fallo le permitiría al país seguir obstaculizando su cumplimiento, cuando ya se benefició de una indulgencia: aseguró que se le concedió más tiempo para cumplir con las condiciones del tribunal.
A través de su subsidiaria Prospect Investments, en 2015, Burford se quedó con 70% de los derechos de juicio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de la familia Eskenazi y radicadas en España, que se presentaron en quiebra en Madrid y tenían el 25% de las acciones de YPF. El síndico subastó el derecho a litigar y un mes después de adquirirlo, Burford inició la demanda.
Antes del pedido que Burford le hizo a Preska de no suspender el fallo, otro fondo también se opuso al planteo de la Argentina: Bainbridge, que no participa de esta causa, pero demandó en 2016 al país por el default de la deuda de fines de 2001 y ahora quiere quedarse con acciones de la petrolera. /
Clarìn