Miércoles 16 de Julio de 2025, 05:46

ESCANDALO. El reemplazo de panes de cocaína por ladrillos de plastilina fue detectado durante un acto de quema de droga en Altos Hornos Zapla, Salta.
Una operación de rutina terminó en escándalo institucional en Salta, luego de que una perito de Gendarmería Nacional descubriera que parte de la cocaína que debía ser incinerada había sido reemplazada por plastilina. El hallazgo, ocurrido durante la quema de aproximadamente dos toneladas de drogas en el predio de Altos Hornos Zapla, desató una investigación judicial por presunto desvío de estupefacientes y volvió a encender las alarmas sobre el control en la cadena de custodia de sustancias ilegales.El hecho fue detectado por personal técnico mientras se disponían a destruir los cargamentos, entre los que figuraban marihuana y cocaína incautadas en diferentes operativos. Uno de los ladrillos supuestamente contenía clorhidrato de cocaína, pero al ser manipulado se descubrió que en su interior había una masa gomosa, de características similares a la plastilina, sin rastro de droga real.
El paquete adulterado había sido incautado meses atrás en la localidad de Orán, en un procedimiento originado por la denuncia de una mujer boliviana que, al revisar un vehículo, encontró tres ladrillos sospechosos y alertó a las autoridades. Aquella causa pasó a integrar el circuito habitual de gestión de drogas incautadas, lo que incluye su guarda en depósitos judiciales hasta el proceso final de destrucción.
La aparición de la sustancia falsa en lugar de la droga original pone en duda los protocolos de seguridad en los depósitos oficiales, y abrió un proceso de investigación para establecer cuándo, cómo y quiénes accedieron a los paquetes durante su custodia. La hipótesis más grave que se baraja es la de corrupción interna, con participación de personal vinculado al manejo de la evidencia.
El fiscal interviniente ya ordenó la realización de peritajes químicos para confirmar la composición de la sustancia encontrada, mientras se recaba información de todas las instancias por las que pasó el cargamento: desde el depósito, los traslados, hasta su presentación en el acto de incineración. La investigación busca determinar si este fue un hecho aislado o si podría haber más casos de reemplazo deliberado.
La destrucción de estupefacientes es una etapa clave en la lucha contra el narcotráfico, ya que sella el destino de la droga incautada y busca evitar que vuelva a circular en el mercado ilegal. El sistema está pensado como una garantía de transparencia y eficiencia institucional. Sin embargo, este nuevo episodio debilita la confianza pública y evidencia que existen vulnerabilidades graves en los procedimientos.En la provincia de Salta, una de las principales puertas de ingreso de droga desde Bolivia, el control del narcotráfico es una prioridad estatal. Pero este caso expone fallas estructurales: desde la debilidad en la cadena de custodia hasta posibles redes de encubrimiento o connivencia con organizaciones delictivas.
Fuentes judiciales indicaron que se impulsarán auditorías internas y revisiones en los protocolos de seguridad de los depósitos judiciales, además de reforzar la trazabilidad digital de cada ladrillo incautado. También se evalúa la posibilidad de aplicar sistemas de precintado con tecnología antifraude, como ocurre en otros países de la región.
El escándalo podría escalar si se comprueba que más paquetes fueron reemplazados o si se detecta la participación de agentes del Estado en el desvío de pruebas. Por ahora, el caso ya sacudió a las fuerzas de seguridad locales y reavivó las sospechas sobre prácticas corruptas en sectores clave del sistema penal.
“La transparencia en el manejo de estupefacientes incautados es fundamental para mantener la credibilidad del sistema judicial y la seguridad pública”, expresaron desde el entorno del Ministerio Público. En un contexto donde la sociedad exige mayores controles frente al avance del narcotráfico, este episodio deja expuesta la fragilidad del sistema y la urgente necesidad de implementar reformas profundas.
La causa continúa abierta y en plena etapa de instrucción. La Justicia busca ahora determinar responsabilidades penales concretas y evitar que casos como este se repitan, en un país donde la lucha contra el narcotráfico no admite distracciones ni grietas dentro de las instituciones.
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