El ex policía Darío Pérez recibió la condena a perpetua que había logrado evadir por más de 20 años por el crimen del juez Aráoz

Miércoles 06 de Agosto de 2025, 05:46

PERPETUA. Darío Pérez,l hombre que acabó con la vida del juez Héctor Agustín Aráoz, con la mirada perdida, mientras comienza su viaje al lugar donde probablemente pasará el resto de sus días.



A más de dos décadas de uno de los crímenes más estremecedores de la historia judicial tucumana, el caso del asesinato del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz llegó finalmente a su desenlace. Este martes, el ex policía Alejandro Darío Pérez fue condenado a prisión perpetua por ser autor material del homicidio ocurrido el 26 de noviembre de 2004. La resolución fue dictada por el tribunal integrado por los jueces María Fernanda Bahler, Wendy Kassar y Antonio Gutiérrez, tras un extenso proceso marcado por fugas, apelaciones y fuertes controversias.

El crimen ocurrió en la vivienda del magistrado, ubicada sobre avenida Aconquija al 2.900, en Yerba Buena. Aquella noche, Pérez ingresó al domicilio junto a Ema Hortensia Gómez, también ex policía y expareja del juez, y descargó 10 disparos contra Aráoz, provocándole una agonía que culminó en una muerte por desangramiento. Horas después, Gómez regresó al lugar acompañada de policías de la comisaría de Banda del Río Salí para “reportar” el hallazgo. Fue el inicio de una investigación plagada de sombras.

El entonces fiscal Miguel Herrera, ya fallecido, concluyó que el móvil fue pasional: Gómez habría mantenido relaciones con el juez y, al mismo tiempo, con Pérez, quien ya había sido separado de la fuerza por estar implicado en distintos delitos. Ambos fueron detenidos y sometidos a prisión preventiva, junto a otros oficiales que habrían colaborado en el encubrimiento.

En 2011, tras un juicio oral de tres meses, Pérez fue condenado a 18 años de prisión por homicidio simple, mientras que Gómez recibió 13 años y Andrés Faversani, otro policía implicado, fue sentenciado a cinco años por encubrimiento. Sin embargo, los jueces rechazaron la figura de homicidio agravado, tal como había planteado la fiscal Juana Prieto de Sólimo.

El fallo fue apelado y, en 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló la sentencia y ordenó un nuevo proceso para aplicar una condena más severa por homicidio agravado por alevosía. Cuando llegó la fecha de la nueva audiencia, en 2015, Pérez no se presentó y pasó a estar prófugo. Durante una década, se tejieron versiones sobre su paradero: algunos lo ubicaban en Bolivia, vinculado a redes narco; otros, en Paraguay, ofreciendo servicios de seguridad.

El 1 de julio de este año, un operativo del ECIF y la División Homicidios lo localizó en una vivienda de Lules. Intentó huir saltando la tapia, pero fue detenido. Regresó a la cárcel de Villa Urquiza y quedó bajo prisión preventiva, a la espera de este juicio de cesura.

Durante la audiencia, su defensor, Roque Araujo, intentó plantear la prescripción del caso, alegando el paso del tiempo desde la primera condena. Pero tanto la fiscal Marta Jerez como el querellante Javier Lobo Aragón se opusieron y solicitaron la prisión perpetua, que finalmente fue concedida.

Antes del fallo, Pérez declaró: “Soy totalmente inocente. Esto fue un armado judicial para encubrir lo que realmente sucedió esa noche”. Alegó que en la casa había 14 empleados judiciales celebrando un cumpleaños y que su arma fue usada para que “la familia cobrara la recompensa”. Incluso responsabilizó a su ex abogado, Gustavo Morales, por haberlo “engañado” durante su defensa.

El tribunal no dio lugar a sus alegatos y lo condenó. Cuatro de los nueve hijos del juez Aráoz estuvieron presentes para escuchar la sentencia. Joaquina Aráoz Terán fue contundente: “Él no es una víctima. Es un asesino y eso fue probado. No hay dudas”.

Su hermana Lucrecia añadió: “Cuando mataron a mi papá, yo tenía 20 años y mi hermano mayor, 21. Los demás eran todos chicos, el más pequeño tenía 7. Nos robaron la vida con él. Si era inocente, ¿por qué se fugó por 20 años?”.

La condena a perpetua a Darío Pérez no sólo cierra judicialmente el único caso en la historia de Tucumán en que un juez fue asesinado, sino que también deja expuestas las falencias de un sistema que demoró más de dos décadas en impartir justicia. 

Mientras la familia del magistrado da vuelta la última página de este largo y doloroso capítulo, el nombre de Aráoz queda grabado en la memoria judicial tucumana como símbolo de un crimen que estremeció al poder y conmovió a toda la provincia.