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Las cabañas de lujo ubicadas en La Quebradita seguirán cerradas mientras dure el proceso judicial por usurpación de tierras fiscales
Miércoles 13 de Agosto de 2025, 05:45
El Gobierno de Tucumán reafirmó su decisión de continuar el juicio de reivindicación para recuperar un terreno fiscal de unas cinco hectáreas en La Quebradita, Tafí del Valle, donde se levanta el complejo turístico “Los Carolinos”.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, comunicó este martes a la representante legal del emprendimiento, la abogada Carolina Vanni, que mientras dure el litigio no se otorgará ninguna habilitación para funcionar como alojamiento.
El predio, identificado con el padrón catastral 281.359, pertenece al Estado provincial y está ubicado en el kilómetro 66 de la ruta 307, un kilómetro antes del Cristo de Tafí. La propiedad fue conformada por la unificación de seis lotes del desarrollo urbanístico planificado en 1942 por el urbanista Carlos María Della Paolera.
En 2011, el entonces gobernador José Alperovich facultó a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales para recuperar las tierras, demanda que se presentó en 2012 en el Juzgado Civil y Comercial de la II Nominación de Concepción.
En la causa, que involucra a cinco personas —entre ellas Vanni—, el juez José Eduardo Tártalo fijó audiencia de provisión de pruebas para el 26 de agosto. Según Pedicone, el Estado cuenta con documentación suficiente para acreditar la titularidad y lograr la restitución del inmueble.
El complejo, que incluye cabañas, cancha de tenis y piscina, nunca fue autorizado por el Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT).
El 19 de mayo, mediante la resolución 1.582, el organismo rechazó el pedido de habilitación provisoria y ordenó a “Los Carolinos” abstenerse de prestar servicios turísticos, comunicando la medida a la Municipalidad de Tafí del Valle, a la Dirección de Rentas y a la Policía. Desde entonces, el establecimiento dejó de ofrecer reservas en plataformas online.
El caso se enmarca en la política de reordenamiento territorial impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien en febrero creó la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural para recuperar tierras fiscales ocupadas de forma irregular, especialmente en zonas turísticas.