Otro escándalo judicial involucra a Gustavo Morales y a una empleada cesanteada por darle información
Martes 19 de Agosto de 2025, 05:58
VINCULO. La empleada y dirigente gremial cesanteada Alejandra Martínez Romero, junto al abogado Gustavo Morales, en una foto que ella publicó en sus redes sociales.La Administración de Justicia de Tucumán resolvió la cesantía de Nélida Alejandra Martínez Romero, empleada del Ministerio Público Fiscal (MPF), tras una investigación administrativa que reveló un complejo entramado de comunicaciones clandestinas, advertencias a imputados y presuntas amenazas.
La medida quedó formalizada en la Resolución Ministerial N° 357/2025, publicada recientemente, y se apoya en evidencia digital considerada clave por los instructores del sumario.
El proceso disciplinario se inició a partir de una denuncia presentada en marzo de 2025 por la fiscal de Delitos Complejos, Marta Mariana Rivadeneira, en el marco del expediente “Moreno Walter Federico y otros”. Allí surgieron indicios de que Martínez Romero, encargada principal con legajo N° 1957, mantenía contactos con el abogado Miguel Gustavo Morales, imputado en la causa.
Un análisis forense de los teléfonos de Morales reveló miles de mensajes de WhatsApp con una usuaria identificada como “Alejandra Martínez Romero” y también bajo el alias “Billota Dan”. El número asociado coincidía con el de la empleada.
Entre los intercambios se destacan advertencias sobre posibles detenciones, referencias a “matones” y a una “banda narco”, además de la coordinación de movimientos judiciales y políticos. En audios incorporados al expediente, Morales llegó a autoproclamarse “el comandante” e instruir a otros a “ejecutar” sus órdenes.
El sumario también incluyó el testimonio de Ramiro Julián Rigo, también imputado en la investigación, quien declaró haberse sentido amenazado por Martínez Romero. Según su relato, ella habría exigido —a través de terceros— el acceso a claves de redes sociales desde donde se difundían videos vinculados al caso. Ante esta situación, la jueza Soledad Hernández dispuso la prohibición de contacto entre ambos.
El peso de la evidencia informática —validada incluso por Morales, condenado a tres años de prisión condicional en julio por instigar una sedición policial— inclinó la balanza. El Ministerio Público Fiscal consideró que Martínez Romero incumplió con los deberes previstos en la Ley N° 5473 (Estatuto del Empleado Público) y dispuso su cesantía.
Tras conocerse la sanción, Martínez Romero difundió un extenso descargo en redes sociales bajo el título “No me callarán”. Allí sostuvo que fue víctima de un “procedimiento arbitrario e ilegal” con el único fin de acallar sus críticas al MPF y advirtió que la resolución “no está firme” y es “inconstitucional”. En un tono desafiante, prometió continuar denunciando lo que considera prácticas de corrupción, nepotismo y precarización laboral dentro del Poder Judicial tucumano.
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