Viernes 22 de Agosto de 2025, 14:21

La Nación demora en definir qué destino les dará a los artículos decomisados. En dos puestos hay productos valuados en más de U$S2 millones.
“Algo tienen que hacer. En los puestos fronterizos pareciera que viven acumuladores de basura. Es una vergüenza”. El camionero cordobés Juan Goytea utilizó esa idea para describir los efectos colaterales del Operativo Lapacho con el que se siguen batiendo récords de secuestro de material de contrabando. Miles de bolsas de basura de color negro que guardan especialmente prendas de vestir y ropa de cama; centenares de cubiertas de bicicletas, motos, autos y camionetas, y cajas con hojas de coca y cigarrillos, permanecen al aire libre porque no hay lugar donde depositarlas, porque la Nación no define cuál será su destino.
Este problema, que irrita a tucumanos y visitantes, tiene un origen. Hasta el sábado, en el marco de los controles que realizó la fuerza, se secuestraron unos 7.420 bultos de mercadería que incluye prendas de vestir, calzados, ropa de cama, artículos del hogar, electrodomésticos, juguetes, bicicletas, repuestos y productos de ferretería, entre otros. Lo decomisado fue valuado por las autoridades en más de U$S4,2 millones. Representa más del 50% de lo confiscado durante todo el año pasado.
Casi el mismo porcentaje de incremento se registró con las hojas de coca. Todavía no terminó el octavo mes de 2025 y ya se secuestraron más de 9.800 kilos del producto. Por cuestiones de mercado, bajó el decomiso de cubiertas (casi un 40%) y el de cigarrillos (más del 60%).
“Estamos en una crisis que esperamos que se solucione pronto. Está impidiendo que realicemos nuestro trabajo de manera más efectiva”, dijo el comisario Fabio Ferreyra, que tiene a su cargo la organización del Operativo Lapacho. “La Provincia está haciendo gestiones para liberar los puestos porque no sólo es una complicación, sino que además se arruinan artículos que les hacen mucha falta a las personas más necesitadas”, advirtió el funcionario.
“Cada vez que cruzo Cabo Vallejo me encuentro con un mar de plástico negro. En un primer momento pensé que se trataba de basura, pero después mis hijos me explicaron que todo eso es lo que secuestra la Policía por contrabando. Es una lástima que el visitante se lleve esa primera impresión de Tucumán”, señaló María Luisa Herrera, salteña que regularmente viaja a Tucumán para visitar a hijos y nietos.
El origen del malAforo es el término que marca un límite. Si una persona es descubierta con mercadería no declarada por debajo de los $500.000, se transforma en una infractora. Las normas establecen que debe abonar una multa cuyo costo está compuesto por el valor de lo decomisado más impuestos. Por ejemplo, si a una persona se le decomisó un celular valuado en $300.000, para recuperarlo tendrá que pagar unos $750.000. Pero para hacerlo, el infractor deberá demostrar cómo lo ingresó al país y que no le dará un fin comercial. Por esa razón, los índices de recupero son muy bajos.

SIN DESTINO. Parte de las cubiertas que se encuentran en Laguna de Robles.
Pero si esa cifra supera los $500.000, debe ser considerado como contrabando, por lo que se debe iniciar una causa en la Justicia Federal. La cifra es exigua si se tiene en cuenta que cada bulto que se secuestra está valuado en $750.000, El caso de la hoja de coca es particular: su ingreso al país está prohibido, por lo que todo decomiso es considerado como contrabando.
Los tribunales federales de Las Piedras al 500 están atiborrados de expedientes por este delito, lo que complica aún más el procedimiento para definir el futuro de los productos decomisados. En lo que va del año, solo por los secuestros realizados por la fuerza provincial (también concretan decomisos Gendarmería Nacional y Policía Federal), se abrieron unas 100 causas por mes. A esos expedientes se deben agregar los miles que vienen de arrastre de 2024.
“Estamos tapados con este tipo de casos. Tratamos de darle un trámite urgente, pero también nos tenemos que ocupar de las causas por narcotráfico, de trata de personas, asuntos previsionales y económicos”, destacó un funcionario judicial.
Se buscó una alternativa para destrabar el asunto, pero no avanzó porque depende de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones.
Las consecuenciasEl ejemplo más concreto es lo que ocurre en el puesto de Cabo Vallejo, ubicado en la ruta 9, en el límite con Salta.
Actualmente, los policías tienen que custodiar unos 1.500 bultos (valuados en más de U$S860.000) que fueron secuestrados en los procedimientos que concretaron en el 2024 y lo que va del año.
En 7 de Abril, que está emplazado al noreste de la provincia, ya hay acumulados 3.000 paquetes (el aforo sería de más de U$S1,7 millones) y decenas de vehículos. En Laguna de Robles, los responsables contabilizaron unas 500 cubiertas (su valor es de U$S42.000). Lo mismo ocurre en los controles de Huacra, Los Mistoles y Valentín Jiménez, por sólo mencionar algunos donde se registraron la mayor cantidad de secuestros.

SIN SOLUCIÓN. Según los policías, la mercadería fue invadida por alimañas y víboras.
“Los bagayeros mueven tanta plata que no les importa absolutamente nada. Lo mismo pasa con los comerciantes que hacen todo por izquierda. Compran la misma en los mismos lugares y las venden tres veces más cara porque yo tengo un puesto en una feria y ellos un showroom. Ni hablar de los comerciantes que se quejan por nuestra actividad”, comentó el cuentapropista Hugo Leguizamón.
Le prenderán fuego
“Muchos de esos elementos son mantas, frazadas e indumentaria. Por la falta de turnos para llevarlos al depósito de Aduanas, están a la intemperie y ni siquiera en condiciones de ser donados. Se arruinaron por completo”, indicó el comisario Rodrigo Robles, jefe del destacamento de Cabo Vallejo. “No sólo se mojaron, sino que se transformaron en el refugio de todo tipo de bichos, arañas y víboras, lo que representa un peligro para el personal”, señaló.
Una fuente de Aduanas indicó que se hizo un relevamiento e iniciaron los trámites para concretar su destrucción. “Es la primera vez que vamos a hacer algo así en este puesto. Tendremos que preparar un lugar especial para quemar la mercadería y no generar un incendio. Paralelamente, se está construyendo un lugar que utilizaremos como depósito, porque ya no tenemos espacio”, añadió.
“¿Usted me está diciendo la verdad?”, preguntó Ester Medina “Con las necesidades que hay se la deberían entregar al Estado para que las done”, sugirió. La jubilada sentenció al enterarse de que las trabas burocráticas se lo impiden: “que país generoso tenemos. Corre un viento y distintas organizaciones salen a hacer colecta para conseguir una colcha y las miles que se secuestran terminan pudriéndose”.
Por Micaela Pinna Otero y Gustavo Rodríguez /
La Gaceta
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