Llega a su fin el juicio por YMAD: cuándo y cómo se dicta sentencia
Domingo 24 de Agosto de 2025, 05:54
SENTENCIA. Se conocerá el martes y marcará el principio del fin de otro juicio histórico para Tucumán.Tras 16 meses de audiencias, testimonios y peritajes, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Tucumán anunciará este martes la sentencia en el juicio contra el exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Juan Alberto Cerisola y otros tres exfuncionarios: Luis Fernando Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino.
Están acusados de irregularidades en el manejo de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que por ley debían destinarse a la inconclusa Ciudad Universitaria de San Javier.
La Fiscalía Federal, integrada por Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, junto a la querella en manos de Patricio Esperguín, pidió condenas que van desde los dos hasta los seis años de prisión, además de inhabilitaciones perpetuas y reparaciones millonarias a favor de la UNT.
La acusación sostiene que los imputados montaron un sistema paralelo de contrataciones, al margen de la Ley de Obras Públicas, que permitió ejecutar 13 proyectos con sobreprecios, vacíos documentales y certificaciones irregulares.
El debate se nutrió de decenas de declaraciones. El ingeniero Francisco Guzmán, perito de la Corte Suprema, reveló irregularidades en todos los expedientes y alertó sobre riesgos de corrupción, aunque no pudo probar un daño patrimonial concreto. En contraposición, el contador Daniel Fontana, perito de parte, aseguró que no detectó faltantes e incluso registró diferencias a favor de la UNT, aunque admitió la imposibilidad de reconstruir el destino total de los fondos.
El origen de la causa se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal y el abogado Oscar López denunciaron irregularidades en la administración de los fondos mineros. El nudo del conflicto radica en el acta firmada por Cerisola en enero de 2008, que redujo del 40% al 20% el porcentaje destinado a la Ciudad Universitaria, permitiendo financiar otras obras en San Miguel de Tucumán, como la remodelación de la Facultad de Derecho en calle 25 de Mayo.
En los alegatos finales, la Fiscalía calificó lo ocurrido como un “subsistema ilegal de contrataciones que embriagó de poder a las autoridades”, con un perjuicio estimado en más de $ 53.000 millones. Las defensas, en cambio, sostuvieron que se intenta “criminalizar decisiones administrativas” y que ninguno de los imputados se benefició personalmente.
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